El gobierno de EE.UU. planea deportar a salvadoreño a Uganda en caso polémico que aviva críticas por abusos en política migratoria

EE.UU. busca deportar a un salvadoreño a Uganda en un caso polémico

El gobierno de Estados Unidos tiene previsto deportar la próxima semana a Uganda a un ciudadano salvadoreño, Kilmar Ábrego García, en una decisión que sus abogados califican como un acto punitivo vinculado a la política migratoria del expresidente Donald Trump. La situación ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, que algunos consideran una represalia por haber impugnado su deportación inicial a El Salvador.

Legalidad y movimientos recientes en el caso

Los abogados de Ábrego García presentaron una moción para que el proceso en su contra sea desestimado, alegando que la intención del gobierno es castigarle por su intento de revertir su deportación anterior. La historia del caso se complica aún más tras su reciente liberación judicial, que le permitió regresar a su residencia en Maryland mientras enfrenta cargos por tráfico de personas. En un capítulo previo, Ábrego fue deportado por error a una prisión de alta seguridad en El Salvador, desde donde logró regresar a EE.UU. y posteriormente fue detenido nuevamente.

Un giro dramático: deportación a Uganda

El plan de deportarlo a Uganda, país con el que EE.UU. tiene un acuerdo para recibir migrantes considerados indeseables, representa un hecho inusual y ha sido interpretado como una medida punitiva. Tras su liberación, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el gobierno planeaba deportarlo allí. Además, en un intento de negociar su liberación, las autoridades le ofrecieron declararse culpable de tráfico de personas a cambio de ser enviado a Costa Rica, propuesta que fue rechazada por Ábrego García.

La defensa del inmigrante denunció que la respuesta del gobierno fue de «indignación» ante su liberación, lo que ha aumentado las sospechas sobre las motivaciones políticas detrás del caso. La posible deportación a Uganda ha sido vista como un ejemplo de cómo se están manejando algunos casos en el contexto de las políticas migratorias más duras.

Acusaciones oficiales y críticas a la política migratoria

El gobierno de Trump ha acusado a Ábrego García de ser un miembro violento de la pandilla MS-13 y de estar involucrado en actividades de tráfico de migrantes. Sin embargo, el acusado niega cualquier participación en irregularidades, y sus defensores cuestionan la legalidad de su proceso, señalando que fue llevado a cabo sin audiencias judiciales adecuadas. La polémica ha reavivado el debate sobre si estas deportaciones se realizan con respeto a los derechos humanos y a las leyes estadounidenses, o si constituyen acciones punitivas sin fundamento legal.

Mientras tanto, los partidarios de las políticas migratorias duras defienden la postura del gobierno, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten sobre posibles abusos y la vulnerabilidad de los migrantes en estos procedimientos. Este caso, en particular, ha puesto en evidencia las tensiones existentes en la gestión de la inmigración en EE.UU. y el impacto que las decisiones políticas pueden tener en vidas humanas.