Ministros del Ejecutivo se dividen sobre la salida del Perú de la Corte IDH, revela Ángel Manero

## La falta de consenso en el Ejecutivo sobre la salida de la Corte IDH

A pesar de las declaraciones públicas de la presidenta Dina Boluarte y del regreso de Juan José Santiváñez, quien está a punto de presentar en el Congreso un proyecto para mantener al Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), no existe aún un acuerdo claro dentro del Gobierno. Así lo confirmó el ministro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, quien aseguró que la decisión todavía no está tomada y que en el Consejo de Ministros hay posturas enfrentadas.

En declaraciones a la prensa, Manero manifestó su postura personal, en contra de que el país abandone la Corte IDH. Consideró que no es conveniente dar ese paso, aunque aclaró que la decisión final corresponde a la jefa de Estado. “Esa es una posibilidad que se está evaluando, pero no hay nada definido. Hay ministros que están a favor y otros en contra. Yo soy de las personas que creen que no es conveniente separarnos de la corte, pero hay ministros que sí creen. Al final, el Ejecutivo tomará su decisión”, puntualizó.

## La incertidumbre y el proceso legal para abandonar la Corte

El posible retiro del Perú de la Corte IDH genera inquietud en diversos sectores del país. Aunque aún no hay una decisión definitiva, se ha conformado una comisión integrada por funcionarios del Ejecutivo, representantes del Congreso, académicos y miembros de la sociedad civil para analizar el tema. Sin embargo, fuentes oficiales advierten que el camino no será sencillo ni rápido.

El procedimiento para que Perú abandone la jurisdicción de la Corte IDH está claramente establecido por regulaciones internacionales y leyes nacionales. Para concretar la salida, el Estado debe seguir una serie de pasos jurídicos que requieren tiempo y un amplio consenso político. El primer paso sería que el Poder Ejecutivo denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

## Los pasos legales y políticos para la salida del país

La denuncia de la Convención entra en vigor un año después de su notificación formal, durante el cual el país sigue sometido a las obligaciones del tratado y la Corte IDH mantiene su competencia sobre casos pendientes o nuevos. Si la motivación para abandonar la corte está relacionada con la ampliación de la pena de muerte, se requieren pasos adicionales.

Una vez que se concrete la desvinculación del Pacto de San José, el Congreso deberá modificar el artículo 140 de la Constitución para ampliar los delitos que podrían sancionarse con la pena capital. Este proceso requiere la aprobación en dos legislaturas ordinarias consecutivas y una mayoría calificada de dos tercios. Se estima que esta fase podría tomar entre seis meses y un año, dependiendo del ritmo legislativo y los acuerdos políticos alcanzados.

Tras la aprobación de la reforma constitucional, el Parlamento tendría que aprobar leyes específicas que regulen la aplicación de la pena de muerte. Este proceso implicaría debates en comisiones y en el pleno, posibles revisiones constitucionales y amplios debates públicos. Solo después de completar todas estas etapas, la legislación podría entrar en vigor formalmente.