¡Escándalo en Venezuela! ONG denuncia que Nélida Sánchez lleva un año desaparecida en El Helicoide tras arresto ilegal sin orden judicial

ONG Súmate denuncia irregularidades en la detención de Nélida Sánchez

La organización venezolana Súmate ha alertado sobre un grave caso de violación de derechos humanos en Venezuela. Su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, cumple ya un año privada de libertad. La ONG denuncia que su proceso judicial está plagado de irregularidades, lo que ha generado un estado de indefensión judicial y vulnerabilidad para la activista.

Sánchez fue detenida el 26 de agosto de 2024, en Los Teques, estado Miranda, sin una orden judicial previa. Según la ONG, la arrestaron agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mediante engaños, una acción que viola el artículo 44 de la Constitución venezolana, que prohíbe las detenciones arbitrarias.

Detalles de la detención y estado actual

Luego de su arresto, Sánchez fue trasladada tres días después a la sede central del Sebin en Caracas. Desde entonces, continúa privada de libertad, sin que ella ni su familia hayan sido informadas claramente de las causas que motivaron su detención. La ONG sostiene que la actuación policial fue opaca y que la justicia no actuó con la imparcialidad requerida, lo que ha agravado la vulnerabilidad de la activista ante el sistema judicial.

Con más de 50 años dedicados a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, Sánchez ha trabajado en formación electoral y monitoreo de procesos democráticos, siempre en estricto apego a la ley, según Súmate. La organización asegura que su encarcelamiento responde a su labor en defensa del derecho al voto y por su vínculo con organizaciones civiles, y que los cargos presentados en su contra parecen ser fabricados.

Procesos judiciales y cargos imputados

El 28 de agosto, Sánchez fue trasladada a la sede del Sebin en Caracas, donde sigue recluida. La ONG denuncia que en su audiencia inicial no contó con la presencia de sus abogados de confianza y que el proceso ha estado marcado por demoras y cambios en las autoridades responsables del caso.

La Fiscalía 74 con competencia nacional le imputó delitos como instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo. Estos cargos se basan en dos mensajes publicados en la red social X, que, según la Fiscalía, fueron hechos desde cuentas que no corresponden a Sánchez, lo que la ONG califica como una manipulación.

Denuncias de violaciones al debido proceso

Súmate denuncia que el sistema judicial venezolano incurrió en un vicio judicial de falso supuesto al aceptar pruebas que califican de inauténticas. Además, aseguran que se violó el artículo 49 de la Constitución, que garantiza la nulidad de toda prueba obtenida en violación de las garantías procesales y el derecho al debido proceso.

Desde la detención, la organización ha denunciado que las acciones judiciales han estado marcadas por arbitrariedades y que la evidencia presentada en el proceso no cumple con los requisitos legales, lo que profundiza la vulnerabilidad de Sánchez. La situación refleja la tendencia de crecientes hostigamientos a activistas y organizaciones independientes en Venezuela, en un contexto donde la libertad de expresión y derechos civiles están en riesgo.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el caso, que consideran un ejemplo más del uso del aparato judicial para silenciar a quienes defienden la democracia y los derechos humanos en Venezuela.