¡China enfrenta una revolución laboral: nuevos beneficios obligatorios generan miedo a cierres, desempleo y crisis en pequeñas empresas!

Implementación de nuevas contribuciones sociales en China

A partir del 1 de septiembre, todos los empleadores en China están legalmente obligados a contribuir a los fondos de beneficios sociales de sus empleados. Esta medida busca fortalecer las pensiones, mejorar la atención médica, financiar licencias de maternidad y otros beneficios, en un intento por ampliar la red de seguridad social del país.

Para muchos ciudadanos chinos, esta noticia parecía positiva, dado el estado precario de la protección social en el país. Sin embargo, en lugar de celebración, la reacción general ha sido de preocupación y frustración, sobre todo entre pequeños empresarios y trabajadores.

Reacciones y preocupaciones en el sector empresarial

Los propietarios de pequeñas empresas han expresado que este incremento en los costos laborales podría ser insostenible. Algunos temen que sus empleadores opten por despedir personal o reducir salarios para compensar el aumento en las contribuciones. Por su parte, muchos trabajadores especulan que sus empleadores podrían optar por reducir o eliminar sus beneficios para evitar afrontar estos nuevos gastos.

Economistas advierten que esta política podría incentivar la informalidad laboral, promoviendo un aumento en los empleos temporales y precarizando aún más el mercado laboral formal. Esto, a largo plazo, podría disminuir las protecciones de los trabajadores y afectar la estabilidad del empleo en el país.

Impacto en los pequeños negocios y en la economía

Para negocios como tiendas familiares o restaurantes, la situación es especialmente difícil. Yan Xuejiao, dueña de un local de fideos de arroz en Pekín, afirmó que si se les obliga a pagar las contribuciones, muchos podrían verse forzados a cerrar sus puertas. «Con la situación de los negocios este año, ¿qué dueño puede cumplir con esas obligaciones?», se preguntó, señalando los locales vacíos en su calle.

La resistencia a la medida revela los desafíos que enfrenta el gobierno chino para fortalecer su escasa red de protección social. Expertos señalan que el fondo estatal de pensiones está en riesgo de agotarse para 2035 si no se toman acciones inmediatas. Además, la política busca reducir los costos en vivienda, educación y atención médica, ayudando a aliviar la carga financiera sobre las familias y estimulando el consumo, en un contexto de desaceleración económica.

Contexto económico y social de la medida

No obstante, la recesión ya afecta severamente a muchas pequeñas y medianas empresas, que luchan por mantenerse a flote incluso antes de pagar las contribuciones sociales. Algunos jóvenes ya optan por no contribuir a los beneficios, prefiriendo disponer de más dinero para sus gastos diarios, lo que complica aún más la sostenibilidad del sistema.

Analistas de Société Générale estiman que la implementación podría incrementar los costos para empleadores y empleados en aproximadamente un 1% del Producto Interno Bruto de China. La preocupación entre los jóvenes es palpable, dado que la baja tasa de natalidad y la disminución de futuros trabajadores generan dudas sobre la viabilidad del sistema de pensiones y su capacidad para brindar beneficios a largo plazo.

Yan, una mujer de poco más de 40 años, expresó su escepticismo: «Si tenemos que seguir pagando durante otros 20 años, ¿viviré lo suficiente para disfrutar de esos beneficios? Incluso si llego a esa edad, ¿puedo confiar en que recibiré ese dinero?».

Marco legal y desafíos de cumplimiento

Por décadas, la ley china ha exigido a empleadores y trabajadores aportar a un fondo de seguridad social, con porcentajes que varían según la región — aproximadamente un 10% del salario del empleado y un 25% por parte del empresa. Sin embargo, el cumplimiento ha sido irregular, ya que muchos empleadores evaden pagos, realizan aportes insuficientes o recurren a acuerdos informales en efectivo.

Una encuesta reciente a más de 6,000 empresas encontró que menos del 30% cumplía plenamente con las obligaciones del seguro social. Como respuesta, el mes pasado, el Tribunal Supremo Popular declaró nulos estos acuerdos informales y respaldó las demandas de los empleados por aportes no realizados, buscando fortalecer la protección laboral en el país.