Estado peruano aún no implementa protocolo contra violencia a la comunidad LGTBIQ+

## Incumplimiento del Estado peruano en la implementación de medidas tras sentencia de la Corte IDH

A más de cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Azul Rojas, el Estado de Perú aún no ha cumplido con la obligación de establecer un protocolo especializado para la investigación y sanción de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+. La resolución internacional ordenó al país crear medidas de no repetición, pero estas no han sido implementadas en su totalidad.

Según Isbelia Ruiz, coordinadora del equipo legal de Promsex, varias de las medidas de no repetición que dictó el tribunal internacional todavía no se han puesto en marcha. Entre ellas, aquellas que podrían mejorar directamente la situación de las víctimas. Aunque la reparación económica ha avanzado en ciertos aspectos, todavía hay deudas pendientes, ya que instituciones como la Policía Nacional no han realizado los pagos correspondientes, precisó Ruiz. “No se ha abonado ningún sol para Azul”, afirmó.

## La falta de políticas específicas y datos sobre la violencia contra personas LGBTIQ+

Además, existen dos políticas particulares que, según Ruiz, deberían haberse desarrollado en el marco de la sentencia, pero que aún permanecen en estado de estancamiento. Una de ellas es la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), que debería comenzar a recopilar datos específicos sobre la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTIQ+. La ausencia de estadísticas precisas dificulta la comprensión y el abordaje de esta problemática.

La comunidad LGBTIQ+ vive en una situación de vulnerabilidad y violencia particular. Un ejemplo de ello es la invisibilización en los censos nacionales. La última encuesta virtual, realizada en 2017, no logró captar la realidad de las personas en zonas rurales o en condiciones extremas de pobreza. Ruiz destaca que la información generada por sectores como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables resulta insuficiente, ya que no dialoga con otros actores clave como la Fiscalía, la Policía Nacional o el Ministerio Público.

## La situación de Azul Rojas y la necesidad de un protocolo diferenciado

Azul Rojas Marín fue víctima de abuso por parte de tres policías en 2008. La violencia que sufrió, vinculada a su identidad de género, sigue siendo un ejemplo de la discriminación y la impunidad que enfrentan las personas trans en Perú. Cuando fue intervenida, Azul aún no había realizado su transición y era percibida como un hombre gay con apariencia femenina. Esta percepción influyó en la brutalidad de la agresión y en las declaraciones de los agentes, quienes hicieron comentarios terribles relacionados con su orientación sexual y género.

La fiscalía inició investigaciones en agosto de 2023 contra los policías implicados, quienes habrían cometido torturas y violaciones sexuales. Ruiz rememora que los oficiales expresaron comentarios terribles y relacionados con la identidad de género de Azul, evidenciando un desconocimiento y rechazo profundos. La abogada de Promsex señala que muchas personas LGBT prefieren no denunciar hechos de violencia por temor a la revictimización y a la percepción de que se merecen el daño, debido a prejuicios arraigados en el sistema.

Ruiz enfatiza la urgencia de contar con un protocolo de investigación diferenciado para personas LGBT, que garantice una atención adecuada y respetuosa. La falta de un marco normativo específico perpetúa la vulnerabilidad y dificulta el acceso a justicia de las víctimas. La situación de Azul Rojas evidencia la necesidad de un compromiso real del Estado peruano para proteger los derechos de esta comunidad y prevenir futuras violencias.