Escándalo en Uruguay: Fondo inversor ganadero bajo investigación por estafa millonaria

Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, socios principales de Conexión Ganadera, empresa uruguaya de inversión en el sector ganadero, enfrentan una investigación penal por presunta estafa a miles de inversores. La audiencia formal, celebrada el 17 de julio de 2025 en Montevideo, marcó el comienzo de las acciones judiciales contra ambos, quienes están imputados por delitos relacionados con fraude y lavado de activos. La situación ha puesto en evidencia un escenario financiero desolador para los afectados, con una deuda que, según el fiscal Enrique Rodríguez, supera los 250 millones de dólares, aunque aún falta determinar el monto exacto.

Conexión Ganadera captó la confianza de aproximadamente 4.300 inversores, muchos de los cuales llegaron a depositar sumas superiores al millón de dólares. La propuesta consistía en invertir en compra de ganado, ofreciendo una rentabilidad fija del 7% y, en algunos casos, tasas de hasta el 12% en un mercado que parecía prometedor. Sin embargo, la realidad distó mucho de las expectativas: el dinero recaudado desapareció y la empresa entró en una grave crisis financiera, en medio de un contexto de problemática generalizada en fondos similares en Uruguay.

La caída de Conexión Ganadera coincidió con la quiebra de otros negocios del sector, como Grupo Larrarte y República Ganadera, que también admitieron no tener fondos para pagar a sus inversores. La situación se agravó tras la muerte de uno de los socios, Gustavo Basso, quien falleció en un accidente de tránsito y posteriormente la justicia confirmó que se suicidó, tras chocar intencionalmente contra maquinaria vial.

Mientras tanto, las investigaciones apuntan a una posible práctica de vaciamiento, ya que la firma continuó distribuyendo dividendos a pesar de estar en números rojos desde 2020. Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) revela que la empresa era deficitaria desde hace años, pero seguía pagando utilidades que en total alcanzaron cerca de 2 millones de dólares a sus socios.

Los afectados, que aún suman unas 4.300 personas, permanecen en la incertidumbre acerca de la recuperación de sus ahorros. La fiscalía advierte que, si bien algunos créditos podrían recuperarse parcialmente, la mayoría probablemente serán incobrables, dada la magnitud del pasivo y la falta de activos suficientes para cubrir las deudas. La situación refleja un escenario alarmante para los inversores, quienes confiaron en un negocio que, al final, se convirtió en una estafa de gran escala en Uruguay.