¡Impactante fallo! Jueza federal en EE. UU. detiene las deportaciones exprés de migrantes indocumentados

Una jueza federal de Estados Unidos detuvo temporalmente este viernes las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados ordenadas por la administración del expresidente Donald Trump. La decisión fue tomada en respuesta a una demanda presentada por grupos de derechos civiles que argumentaron que estas expulsiones aceleradas violan el derecho al debido proceso legal.

En enero, la Administración Trump restableció la política de «expulsión inmediata», una medida que ya había implementado durante su primer mandato entre 2017 y 2021. Esta política permite la deportación rápida de inmigrantes que no puedan demostrar haber residido en el país durante al menos dos años consecutivos, sin necesidad de pasar por una audiencia ante las autoridades migratorias. La jueza Jia Cobb, de la Corte en Washington D.C., emitió un fallo en el que critica esta política, considerándola un pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump.

Cobb señaló que la medida prioriza la rapidez en detrimento del proceso legal y advirtió que esto podría llevar a que el gobierno expulse a personas erróneamente, debido a un proceso simplificado y acelerado. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto con la organización Make The Road New York, presentaron la denuncia y solicitaron la suspensión de los efectos de esta política, solicitud que la jueza aceptó.

El documento, de 48 páginas y publicado el viernes por la noche, no cuestiona la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que ha sido aplicada durante años para expulsar a inmigrantes en la frontera sur o con pocos días en EE. UU. Sin embargo, la jueza Cobb destacó que la expansión de esta política hacia personas que viven en el interior del país requiere que el gobierno garantice un debido proceso legal.

La denuncia también argumentaba que la medida viola la Quinta Enmienda, que protege el derecho a un proceso legal justo, además de las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. La jueza Cobb criticó que el gobierno defendiera la política alegando que quienes ingresaron ilegalmente al país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, y que deben aceptar cualquier favor del Congreso. «Si eso fuera cierto, nadie estaría seguro, no solo los no ciudadanos», advirtió la jueza.

Esta decisión representa un freno temporal a las políticas de deportación rápida y pone en evidencia la tensión entre las medidas migratorias y los derechos constitucionales en Estados Unidos. La lucha por garantizar un proceso justo para los inmigrantes continúa siendo un tema clave en el debate político y judicial del país.