¡Nicaragua en alerta! La dictadura de Ortega y Murillo reafirma su control con cinco reformas constitucionales en un año para blindar la sucesión y fortalecer la Policía con mando dual

Reformas en Nicaragua: un intento de consolidar el poder de Ortega y Murillo

En la última semana, la dictadura en Nicaragua ha impulsado varias modificaciones a su Constitución Política. En total, se han aprobado dos reformas en siete días, tres en el mes pasado y cinco en lo que va del año. Desde 2018, el país ha registrado 11 cambios constitucionales, en un proceso que para expertos como el abogado Juan Diego Barberena evidencia una estrategia para fortalecer la permanencia en el poder de la pareja Ortega-Murillo. Según su análisis, estas reformas buscan blindar la sucesión de Rosario Murillo tras la eventual desaparición de Daniel Ortega.

Reforma a la Policía y cambios en la estructura del poder

Una de las reformas más relevantes fue la modificación del artículo 125 de la Constitución. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad y sin discusión un cambio que transforma la estructura de la Policía Nacional. La figura del director general desaparece y en su lugar se crea una jefatura dual, bajo el nombre de “Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”. Además, la institución será dirigida por dos comisionados generales, designados directamente por la Presidencia.

Este cambio amplía las facultades del Ejecutivo, permitiéndole nombrar no solo a los subdirectores y al inspector general, sino también a dos jefes de las nuevas Fuerzas Policiales de entre los miembros de la Jefatura Nacional. Aunque la reforma requiere una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor, la próxima legislatura comenzará en enero de 2026. Mientras tanto, el gobierno ya designó oficialmente a los nuevos jefes, entre ellos al comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina.

## La consolidación del control policial y la defensa oficial

El pasado viernes, el oficialismo anunció en una conferencia de prensa la designación de Urbina como jefe de la policía, en conjunto con Francisco Díaz, también comisionado general y cuñado de Ortega y Murillo. La vicepresidenta Rosario Murillo afirmó que estos cambios responden a la creciente demanda de seguridad en el país. En su discurso, sostuvo que la reforma busca atender la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana en barrios, comunidades y ciudades, en un contexto en el que la inseguridad es un tema prioritario para el régimen.

Además de la reforma policial, en la misma semana se aprobó una enmienda al artículo 118 de la Constitución que endurece las obligaciones de los funcionarios públicos. La modificación obliga a los servidores estatales a garantizar la correcta administración de los bienes y fondos públicos, con la Presidencia facultada para sancionarlos si incumplen estas responsabilidades. La rapidez en la aprobación de estas reformas evidencia un intento del régimen por consolidar el control legal y político del Estado.

Un proceso reformista con fines políticos y de control

Para expertos en derecho constitucional como Barberena, estas reformas no solo son cambios formales, sino que tienen un trasfondo político evidente. La modificación al artículo 118, por ejemplo, busca colocar a los funcionarios a disposición del Ejecutivo, en línea con la creación de la Procuraduría General de Justicia, que refuerza el control estatal en la administración de justicia y bienes públicos.

Desde la primera reforma constitucional en 1987, Nicaragua ha experimentado 20 cambios en su carta magna. La más significativa ocurrió en febrero de 2025, cuando se modificaron 187 de sus 202 artículos, en un proceso que Barberena calificó como un “desmembramiento constitucional”. La finalidad, según el analista, fue concentrar el poder en un solo líder y preparar el escenario para una sucesión hereditaria, consolidando así un modelo autoritario que no respeta las instituciones democráticas.

El ritmo de reformas en los últimos cinco años ha sido inédito. Solo en ese período, se han realizado once enmiendas, superando las nueve que se habían aprobado en los 33 años anteriores. Estas modificaciones evidencian un proceso de desmantelamiento institucional con fines de control absoluto, consolidando a Ortega y Murillo en el poder de manera prácticamente indefinida.