EE.UU. Revoca el TPS a 600,000 Venezolanos y Endurece su Política Migratoria en Medio de Tensión con Maduro

Estados Unidos finaliza el Estatus de Protección Temporal para venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este miércoles la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos. Esta decisión representa un cambio en la política migratoria, ya que revoca una de las medidas adoptadas durante la administración de Joe Biden.

De acuerdo con el DHS, Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para que sus ciudadanos continúen beneficiándose de esta protección especial. En un comunicado oficial, un portavoz afirmó: “Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no resulta en un beneficio para este país”.

Impacto y contexto de la medida

La decisión afectará aproximadamente a 600.000 venezolanos que residían en Estados Unidos bajo este estatus, según datos judiciales. La medida forma parte de un esfuerzo más amplio por endurecer las políticas migratorias y reforzar la seguridad en la frontera sur, en medio de una creciente tensión diplomática con el régimen de Nicolás Maduro.

Este anuncio llega en un momento de alta tensión, en el que Estados Unidos intensifica su postura frente a Venezuela y otros actores regionales. La administración de Biden ha señalado que la medida busca proteger la seguridad y los intereses nacionales, aunque ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los migrantes y la oposición venezolana.

## Decisión judicial y acciones recientes en la frontera

Un día antes, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó temporalmente el uso por parte del expresidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de pandillas latinoamericanas. La decisión fue en respuesta a un recurso presentado por defensores de derechos humanos y migrantes, que argumentaron que no existen pruebas que justifiquen el uso de esa ley bajo el actual contexto.

Este fallo impide, por ahora, la deportación rápida de migrantes bajo ese marco legal. La jueza Leslie Southwick dictaminó que no hay evidencias de que exista una “invasión o incursión hostil” que justifique la aplicación de dicha ley. Sin embargo, el juez Andrew Oldham discrepó, sugiriendo que la decisión dependía de consideraciones políticas.

Desde que asumió nuevamente en enero, Trump ha reforzado la seguridad en la frontera con México, enviando tropas y aplicando aranceles a ambos países. Además, incluyó en su lista de organizaciones terroristas al Cartel de los Soles, vinculado con el régimen de Maduro, así como a la banda MS-13 y al Tren de Aragua, señalados por actividades ilícitas.

Escalada militar y amenazas contra Maduro

La semana pasada, una corte federal suspendió temporalmente la decisión de retirar el TPS a los venezolanos, aunque posteriormente el DHS confirmó su finalización definitiva. En medio de estas tensiones, el gobierno estadounidense anunció la muerte de 11 supuestos narcotraficantes en una operación en el Caribe, vinculada a actividades provenientes de Venezuela.

Mientras tanto, la oposición venezolana sigue su estrategia de presión. La dirigente María Corina Machado afirmó que “falta poco” para la caída del régimen de Nicolás Maduro, en un acto en Ciudad de Panamá. Sus declaraciones coincidieron con el aumento de la presencia militar estadounidense en la región y las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano, acusado de narcotráfico y terrorismo.

Presión internacional y situación en la frontera

En la frontera colombo-venezolana, aparecieron pancartas con la recompensa de Estados Unidos por información que conduzca a la captura de Maduro, en una clara señal del incremento de la presión internacional. La movilización de buques militares en el Caribe forma parte de una operación antidrogas respaldada por Washington.

El gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por datos que permitan detener a Nicolás Maduro, a quien se le atribuyen actividades ilícitas en la región. Estas acciones reflejan una escalada en la estrategia de presión contra el régimen venezolano, en un contexto de creciente tensión diplomática y militar en la zona.

La situación en Venezuela y la región continúa siendo de alta incertidumbre, con movimientos que apuntan a una posible transición política, mientras Estados Unidos y otros países mantienen su postura de firmeza y presión para buscar cambios en Miraflores.