Eduardo Arana rechazó el Frontón como ministro de Justicia y un año después lo respalda

## Reversión en la posición del gobierno respecto a El Frontón

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte firmó la disposición para la apertura del penal El Frontón, una decisión que ha reavivado el debate en Perú sobre el uso de esta histórica instalación penitenciaria ubicada en una isla del Callao, a unos quince kilómetros de la costa limeña. Esta medida llega apenas un año después de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) desestimara la viabilidad del proyecto, argumentando que no era factible su reactivación en esas condiciones.

La firma de la resolución fue realizada en un acto encabezado por la propia presidenta Boluarte y el ministro de Estado, Eduardo Arana. Curiosamente, el año pasado, Arana, entonces como titular del Minjus, había rechazado públicamente esta iniciativa y comunicado al Congreso que el proyecto para reabrir El Frontón resultaba inviable. Sin embargo, en 2025, Arana aparece como uno de los principales promotores de la reapertura, junto a la mandataria.

## Argumentos técnicos y obstáculos previos

En el informe enviado por el Ministerio de Justicia al Congreso en agosto de 2023, se detallaron cuatro razones principales para oponerse a la reapertura de El Frontón. La primera señalaba que, con una superficie total de 5,400 metros cuadrados, el penal solo podría albergar unas 108 celdas, considerando que el estándar internacional asigna aproximadamente 50 metros cuadrados por interno. Cualquier ampliación requeriría trabajos de movimiento de tierras y la construcción de plataformas, lo que implicaría costos elevados.

La segunda objeción se centraba en la precariedad de las infraestructuras básicas en la isla. Según el análisis técnico del Minjus, no cuenta con acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica ni red telefónica. La provisión de estos servicios demandaría «costos considerables de instalación, operatividad y mantenimiento», gastos que, según el documento, no podrían asumirse sin afectar otros proyectos penitenciarios en el país.

## Logística y permisos

El tercer argumento hacía referencia a la complejidad logística debido a la ubicación insular. La única vía de entrada y salida es por mar, lo que dificultaría el desplazamiento del personal de seguridad, tratamiento, administración, logística y visitas. Esta limitación podría afectar operaciones de emergencia, traslados judiciales y intervenciones sanitarias, generando riesgos adicionales.

Finalmente, la cuarta razón se relacionaba con las dificultades para obtener permisos, licencias y garantizar la factibilidad de servicios, especialmente en lo que respecta a la energía eléctrica y el impacto ambiental. El Ministerio de Justicia ilustró su postura con el ejemplo de Alcatraz, la famosa prisión en la bahía de San Francisco, Estados Unidos, que albergó a 250 internos antes de cerrar en 1963 debido a los altos costos de operación y mantenimiento.

## Reacción y oposición local

La posible construcción del nuevo penal en El Frontón ha generado rechazo en ciertos sectores. El alcalde de La Punta expresó su rechazo a la iniciativa y anunció protestas vecinales contra el gobierno, argumentando que la reactivación de la prisión en esa ubicación sería perjudicial para la comunidad local y para la historia del país. La decisión de reabrir El Frontón, después de la oposición técnica y social, plantea un escenario de tensión entre las políticas penitenciarias y las consideraciones comunitarias y ambientales.