Nicaragua en la Sombra: Dictadura de Ortega Usa Vecinos y Polícías Voluntarios para Vigilar y Reprimir a Sus Ciudad

Red de vigilancia y control en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo

En Nicaragua, la sensación de inseguridad ha crecido de manera alarmante en los últimos años, incluso en los hogares. La dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha construido una extensa red de espionaje y vigilancia que afecta a todos los niveles de la sociedad. Desde vecinos hasta instituciones estatales, todos participan en un sistema que busca controlar y reprimir a la población.

Según una reciente encuesta realizada por la organización en el exilio Hagamos Democracia, el 90% de los nicaragüenses sienten que están siendo vigilados constantemente. El estudio, llevado a cabo entre abril y junio de 2025 en 40 municipios, con una muestra de 400 personas, revela que los principales actores del control son los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS).

El papel de los Consejos de Liderazgo Sandinista y la Policía

El 92.25% de los encuestados identificó a los CLS como los principales responsables de la vigilancia en sus comunidades. Además, el 30% mencionó a la Policía como parte de la estructura de control, aunque solo un 1.35% mencionó directamente a los secretarios políticos, quienes también forman parte de los CLS. Esto indica que la población percibe que la vigilancia proviene principalmente de sus propios vecinos y líderes comunitarios, en lugar de las autoridades oficiales.

Expertos en derechos humanos, como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, explican que estos comités actúan como un mecanismo de control social en las comunidades. Se encargan de identificar opositores, presionar a los ciudadanos para que participen en actividades del partido oficial y recopilar información que luego alimenta una red más amplia de instituciones estatales y grupos paramilitares.

La estructura del control y sus implicaciones

El sistema de vigilancia no se limita a lo territorial. Se extiende a la vida institucional y cotidiana a través de la colaboración de policías, funcionarios públicos, docentes, brigadistas y empleados en diferentes áreas. Todos estos actores, por temor o coacción, reportan movimientos, conversaciones y amistades, formando una red de espionaje que penetra en todos los ámbitos sociales.

Un ejemplo reciente y escalofriante es el caso de una ciudadana que fue detenida por civiles armados y llevada a una cárcel. Allí, un oficial de policía le entregó una carta de «colaboración voluntaria» en la que se comprometía a espiar y delatar a vecinos, familiares y amigos. La mujer, tras firmar, fue liberada, pero mantiene un constante contacto con oficiales de inteligencia que le hacen preguntas sobre sus relaciones y contactos.

Ordenes oficiales y doctrinas de vigilancia

El 19 de julio de 2025, el propio Ortega instó públicamente a sus seguidores a intensificar la vigilancia en los barrios y centros de trabajo, argumentando que así se evitaría que «terroristas» y «vendepatrias» actúen sin ser detectados. La orden fue respaldada por Rosario Murillo, quien desde 2023 ha promovido la frase: «Ni una mosca debe volar sin que lo sepamos».

Este discurso oficial se ha traducido en una política de Estado que justifica la incorporación de instituciones completas en la red de vigilancia. Organismos como Telcor, el Ministerio de Educación, Salud y la Policía procesan datos de ciudadanos en centros de cómputo, mientras que los secretarios políticos del partido actúan como figuras clave en la identificación de «personas de interés».

En resumen, la vigilancia en Nicaragua ha llegado a niveles extremos, consolidándose como un elemento central del control político instaurado por Ortega y Murillo, con un impacto profundo en la vida social y la libertad de los ciudadanos.