Maduro detiene a cuatro miembros de una familia venezolana, incluida una niña de 2 años

## Denuncia de detención arbitraria en Venezuela

Una organización de derechos humanos denunció este sábado la detención arbitraria y la desaparición forzada de cuatro miembros de una familia venezolana, entre ellos una niña de apenas 2 años, en hechos ocurridos entre el 4 y 5 de septiembre en el estado Carabobo. La denuncia fue realizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE).

Según la organización, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron sin orden judicial a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años, en su vivienda ubicada en Paso Real el 4 de septiembre. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal Niulany Guillén, de 21 años, para que se presentara en la sede de la PNB en La Esmeralda. La joven acudió acompañada de su hija Nicole, de 2 años, y ambas fueron detenidas sin justificación alguna.

## Ausencia de información y acusaciones

Desde entonces, las autoridades han negado cualquier información sobre el paradero de los cuatro familiares, impidiendo toda comunicación con ellos. Además, han negado datos oficiales respecto a su ubicación o estado de salud, denuncia CLIPPVE. La organización calificó estos hechos como una **“desaparición forzada”**, considerándolos una violación “aberrante” que evidencia una práctica sistemática de represalias contra familiares, conocida como Sippenhaft, cuyo objetivo es **“sembrar miedo en la sociedad”**.

El líder opositor Edmundo González Urrutia expresó su rechazo a través de la red social X, donde afirmó: “Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas 2 años. Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie”. Sus palabras fueron compartidas en un tuit fechado el 7 de septiembre de 2025.

## Responsabilización y llamado internacional

El partido Vente Venezuela, liderado por González Urrutia y la opositora Corina Machado, responsabilizó directamente al fiscal general impuesto por el régimen, Tarek William Saab, así como a Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, por cualquier daño que pueda sufrir la familia Guillén.

CLIPPVE exigió al Estado venezolano que informe de manera inmediata sobre el paradero de los cuatro familiares, garantice su vida e integridad física, permita el acceso de familiares y abogados, y proceda con su liberación incondicional y sin demoras. La organización recordó que **“la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores, constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe”**, y que la responsabilidad recae directamente en el Estado.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos de Naciones Unidas, **“muy especialmente a UNICEF”**, para que documenten y se pronuncien sobre el caso, con el fin de **“resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia”**.

## Otros casos y situación de tensión

CLIPPVE concluyó su denuncia afirmando que **“la vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17, no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional”**.

Este caso se suma a la situación de otros familiares de opositores detenidos en Venezuela. Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, reveló este sábado que no ha tenido **“comunicación alguna”** durante casi ocho meses con su esposo Rafael Tudares, detenido desde el 7 de enero pasado. En una carta dirigida a los custodios de su pareja, González solicitó que le hagan llegar un mensaje de apoyo, asegurando que ella y sus hijos **“están fuertes”** y que **“no se han rendido”**. Además, informó que cada semana acude a las autoridades en busca de noticias, aunque nunca recibe respuesta.

Rafael Tudares enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de **“forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento”**, según informó su esposa en junio pasado.

## Contexto político y situación actual

La crisis política en Venezuela se agravó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando la oposición denunció irregularidades y continuó exigiendo cambios en el régimen. La situación de los detenidos y las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una fuente de preocupación internacional, en un contexto de creciente tensión política y social en el país.