¡Corte Suprema de EE. UU. revisa urgentemente los polémicos aranceles de Trump que amenazan el comercio global!

La Corte Suprema de EE.UU. revisa aceleradamente los aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido acelerar la revisión de la legalidad de los amplios aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump. La audiencia, programada para la primera semana de noviembre, será una de las más rápidas en la historia reciente del máximo tribunal, que habitualmente reserva largos períodos para analizar casos de esta magnitud.

Mientras tanto, los aranceles permanecen vigentes, en espera del fallo final. La decisión de la Corte llega en un momento clave, ya que las implicaciones de esta resolución podrían tener un impacto significativo en el comercio internacional y en la economía estadounidense. La corte analizará si la autoridad del presidente para imponer estos gravámenes se ajusta a la ley, en medio de un contexto de creciente tensión comercial.

Origen del conflicto legal y argumentos en disputa

El proceso judicial se inició tras una apelación del Departamento de Justicia, que buscaba mantener los aranceles tras varias derrotas en tribunales inferiores. Dos cortes concluyeron que Trump excedió sus facultades al implementar la mayoría de estos impuestos, basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), promulgada en 1977. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió que los aranceles permanecieran en vigor hasta que se dictara una decisión definitiva.

Los demandantes, un grupo de pequeñas empresas y algunos estados, argumentan que estos gravámenes, que afectan productos de casi todos los países, han puesto en riesgo su supervivencia al incrementar los costos operativos. Según Jeffrey Schwab, abogado del Liberty Justice Center, “el Congreso, no solo el Presidente, tiene el poder exclusivo de imponer aranceles”. Además, sostienen que la IEEPA fue diseñada para responder a amenazas extraordinarias y no para imponer impuestos a países aliados, lo cual consideran un uso indebido de la ley.

Defensa del gobierno y posibles consecuencias

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos defiende la legalidad de los aranceles, argumentando que la ley otorga al presidente la facultad de regular las importaciones en escenarios de emergencia sin necesidad de autorización explícita del Congreso. El procurador general, D. John Sauer, advirtió que anular los gravámenes podría llevar al país al borde de una crisis económica y que ya se registran efectos negativos en las negociaciones comerciales.

Asimismo, la Administración afirmó que la eliminación de estos aranceles implicaría la devolución de miles de millones de dólares recaudados en impuestos de importación, lo que afectaría la viabilidad del plan fiscal aprobado en julio. Desde que Trump retomó la presidencia en enero, ha utilizado estas medidas para renegociar tratados comerciales, presionar en la lucha contra el contrabando de fentanilo y aumentar los ingresos fiscales por importaciones.

Impacto económico y sectores afectados

Según el Wall Street Journal, los ingresos provenientes de estos aranceles alcanzaron los 159.000 millones de dólares hasta agosto, más del doble respecto al mismo período del año pasado. La recaudación ha sido fundamental para impulsar la agenda fiscal del expresidente, que busca reducir impuestos y fortalecer la economía.

La Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora de seis a tres, con tres magistrados designados por Trump, debe decidir si los poderes presidenciales existentes son suficientes para respaldar estos aranceles sin el respaldo explícito del Congreso, que tradicionalmente tiene la autoridad para gravar impuestos y aranceles.

El proceso en la corte también incluye recursos de diferentes sectores económicos, como la demanda de Learning Resources, una compañía familiar de juguetes. La decisión de los tribunales inferiores fue que Trump carecía de base legal para imponer aranceles “recíprocos” que llegan hasta el 34 % para China y un 25 % para productos de Canadá, México y otros países, siempre que no exista una emergencia nacional comprobada.