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Gobierno cancela permisos y detendrá investigaciones arqueológicas en 15 días en el centro histórico

Escrito por radioondapopular
septiembre 10, 2025
Gobierno cancela permisos y detendrá investigaciones arqueológicas en 15 días en el centro histórico

## La decisión del Ministerio de Cultura sorprende a los equipos de investigación

El Ministerio de Cultura anunció la nulidad de las autorizaciones que permitían las excavaciones realizadas por Prolima en la Alameda Chabuca Granda, a petición de Palacio de Gobierno. La medida fue una sorpresa incluso para los propios equipos de arqueología, que estaban llevando a cabo trabajos en pleno Centro Histórico de Lima. La resolución obliga a detener las intervenciones en un plazo de 15 días en los sectores 1 y 2 de la Alameda, ubicada junto a la sede presidencial.

Este anuncio genera un impacto directo en las excavaciones y en la protección del patrimonio cultural de la ciudad. La suspensión abrupta de los trabajos se produce en un momento en que las investigaciones estaban en marcha, y ha reavivado el debate sobre las prioridades del Estado en relación con la protección del patrimonio y la seguridad presidencial.

## Conflicto entre seguridad y conservación del patrimonio

La medida del Ministerio de Cultura reabre un debate que enfrenta dos prioridades fundamentales del Estado peruano: la seguridad de la Presidencia de la República y la conservación del patrimonio histórico. La Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno argumenta que las excavaciones modifican la zona de protección de Palacio y representan riesgos en la logística de desplazamiento en la zona.

Por su parte, Prolima sostiene que suspender los trabajos puede causar el deterioro de estructuras arqueológicas únicas, vinculadas a los orígenes de Lima. La disputa se ha intensificado en las últimas semanas, sustentada en informes técnicos, evaluaciones de riesgo y cuestionamientos legales, en un escenario donde ambas instituciones del Ejecutivo mantienen posturas enfrentadas respecto a una misma intervención.

## La nulidad parcial y los argumentos legales

El Ministerio de Cultura declaró parcialmente nulas las resoluciones que autorizaban a Prolima a ejecutar el proyecto de investigación arqueológica, titulado «Conservación y puesta en valor de las Portadas, Baluartes y Tajamares de la Muralla de Lima». La decisión se fundamenta en un informe de la Secretaría de Seguridad de la Casa de Gobierno, que advierte sobre riesgos críticos para la seguridad de la presidenta, altas autoridades y las instalaciones del Palacio.

El documento señala que las excavaciones afectan un perímetro de 500 metros de seguridad y los anillos de protección definidos por la Policía Nacional. Además, indica que las obras reducen el ancho de la vía a solo seis metros, dificultando el tránsito en una zona de alta circulación y generando vulnerabilidades durante visitas oficiales o eventos internacionales.

Desde el Ministerio de Cultura explicaron que su competencia no abarca la evaluación de riesgos de seguridad presidencial. Por ello, al recibir los informes de Palacio y la Policía Nacional, estaban en la obligación de aplicar la nulidad conforme al artículo 10 de la Ley N° 27444. La decisión refleja la separación de funciones en la gestión de seguridad y protección patrimonial, aunque ha generado controversia.

## Reacciones y postura de la Municipalidad de Lima

La reacción de la Municipalidad de Lima, a través de Prolima, fue inmediata. Carlos Vega, subgerente de la entidad, calificó la resolución como un golpe tanto contra la investigación arqueológica como contra el patrimonio cultural de la capital. Vega afirmó que la posición del Palacio de Gobierno carece de fundamentos sólidos y que la suspensión de los trabajos responde a cuestiones de seguridad y gestión de riesgos que, en su opinión, no están justificadas.

Este conflicto evidencia las tensiones existentes entre diferentes instituciones del Estado respecto a la gestión del patrimonio y la seguridad en áreas sensibles del Centro Histórico. La situación continúa en desarrollo, mientras se busca un equilibrio entre la protección del patrimonio y las necesidades de seguridad institucional.

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