¡Alerta en Ecuador! Daniel Noboa traslada la sede del Ejecutivo a Latacunga para afrontar protestas y acercar el gobierno a la

El traslado temporal del Ejecutivo ecuatoriano a Latacunga

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el gobierno trasladará de manera temporal su sede desde Quito a Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. La decisión, según comunicó la Presidencia, busca fortalecer la presencia estatal y promover el diálogo directo con la ciudadanía en regiones afectadas por las recientes protestas. Estas protestas surgieron tras la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha generado controversia en todo el país.

El decreto presidencial también establece que la vicepresidenta, María José Pinto, desempeñará sus funciones desde Otavalo, en Imbabura. La medida no modifica el estatus de Quito como capital del país ni altera la estructura de poder del Estado. La administración asegura que esta desconcentración permite que el gobierno tenga mayor cercanía con las comunidades en distintas regiones, sin afectar el equilibrio de poderes ni la organización del Estado.

El texto oficial destaca que esta estrategia busca una gestión pública más inclusiva y efectiva, acercando la administración a las realidades y necesidades locales. La capacidad de operar desde diferentes lugares del territorio nacional es vista como una forma de fortalecer la presencia del Estado en zonas donde la socialización y la atención ciudadana son imprescindibles.

## El impacto de la eliminación del subsidio al diésel

El pasado viernes, el gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel, una medida que provocó un aumento inmediato en el precio del combustible. El precio pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón en todo el país, generando reacciones divididas en diferentes sectores. La administración justificó la decisión argumentando que el subsidio representaba una carga fiscal que distorsionaba el mercado y no beneficiaba a los sectores más vulnerables.

Con esta medida, Ecuador estima ahorrar aproximadamente 1.100 millones de dólares, recursos que serán destinados a programas sociales y estímulos a la producción nacional. Sin embargo, la decisión ha sido resistida por diversos grupos sociales y económicos.

Las cámaras empresariales han respaldado la eliminación del subsidio, pero los gremios de transportistas han protestado, convocando a una suspensión de actividades en Pichincha desde el 15 de septiembre. Los transportistas consideran que el aumento en el costo del diésel afectará sus operaciones y podrían tomar medidas más drásticas si no se revierten las medidas.

Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió sobre posibles protestas similares a las movilizaciones del pasado, en las que el descontento social llevó a enfrentamientos con las autoridades. El Frente Unitario de Trabajadores también expresó su preocupación, señalando que el incremento en los costos del transporte podría disparar la inflación y afectar el costo de productos básicos, ya que cerca del 20% del precio de la canasta familiar depende del transporte.

## Seguridad y acciones contra el crimen organizado

En el ámbito de la seguridad, las fuerzas del orden lograron capturar en Maldonado, Carchi, a Ángel Polibio Quendi Güiz, conocido como “Indio”. Se trata de un líder del Frente Iván Ríos, una facción disidente de las FARC. Quendi Güiz está señalado por delitos como minería ilegal, extorsión y actividades vinculadas a economías ilícitas en zonas fronterizas. Además, se le acusa de colaborar con organizaciones criminales mexicanas y locales, y de cobrar a mineros clandestinos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron armas y municiones en su poder. La captura se produce en un contexto donde Ecuador ha declarado un “conflicto armado interno” en varias regiones, reforzando su lucha contra las organizaciones delictivas que operan en el país.

El gobierno ha reiterado su compromiso de fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas, donde las actividades ilícitas representan una amenaza constante para la estabilidad social y económica del país.