Noboa rompe relaciones migratorias con Venezuela y cancela el acuerdo que facilitaba visas a venezolanos

El presidente de Ecuador suspendió el acuerdo migratorio con Venezuela

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto que denuncia en su totalidad el acuerdo migratorio vigente con Venezuela, anulando el mecanismo que facilitaba la emisión de visas y permisos de residencia para venezolanos en el país andino. Este acuerdo, que data de hace quince años, fue firmado originalmente durante la administración del expresidente Rafael Correa y había permitido un proceso más sencillo para que los venezolanos obtuvieran legalmente su estadía en Ecuador.

La decisión se produce en medio de una tendencia a reforzar los controles migratorios en Ecuador, motivada por una solicitud formal del propio Noboa presentada el 11 de marzo ante la Cancillería. El mandatario justificó la medida por la reducción de fondos destinados a programas de apoyo migratorio, que enfrentan suspensiones y recortes en varias fuentes de financiamiento, según consta en la resolución oficial.

## Nuevas medidas para controlar la migración

Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador ha exigido a los ciudadanos de aproximadamente cuarenta países, incluyendo Venezuela, obtener una Visa de Visitante Temporal de Transeúnte para ingresar al país. La iniciativa forma parte de las acciones del gobierno para endurecer los controles migratorios y fortalecer la seguridad en las fronteras.

En agosto, la Cancillería señaló que la implementación de estas medidas busca principalmente mejorar la seguridad del Estado y mantener un control más efectivo sobre la movilidad de extranjeros. Al mismo tiempo, el gobierno reafirmó su compromiso con los derechos de las personas en movilidad humana y con el marco legal vigente, asegurando que las nuevas políticas no vulneren los derechos fundamentales de los migrantes.

Contexto político y social en Ecuador

El acuerdo migratorio original permitió que los venezolanos accedieran a procedimientos simplificados para obtener visas y permisos de residencia en Ecuador. Sin embargo, en agosto de 2024, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó la terminación del estatuto con una mayoría de 86 votos a favor. La decisión contó con el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Por su parte, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, se abstuvo en la votación. Ricardo Patiño, ex canciller y uno de los firmantes originales del acuerdo, expresó que no estaban en contra del fin del estatuto, pero consideraba que lo ideal sería mantener estas alianzas en beneficio de los ciudadanos de ambos países.

Actualmente, Ecuador alberga una de las comunidades venezolanas más numerosas de la región, con aproximadamente 444.800 personas, según datos publicados en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). La presencia venezolana en Ecuador es significativa y ha sido un tema central en las políticas migratorias y sociales del país en los últimos años.

Traslado temporal de la sede del Ejecutivo

Además de la revisión del acuerdo migratorio, el gobierno de Noboa ordenó el traslado temporal de la sede del Ejecutivo desde Quito a Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. La medida busca fortalecer la presencia estatal en regiones donde la situación social requiere mayor atención y diálogo, especialmente después de las protestas recientes relacionadas con la eliminación del subsidio al diésel.

El gobierno aclaró que esta desconcentración administrativa no implica una modificación en el estatus de Quito como capital del país ni altera la estructura del Estado. La vicepresidenta María José Pinto también desempeñará sus funciones en Otavalo, en la provincia de Imbabura, como parte de la estrategia para descentralizar el poder y mejorar la gestión en distintas regiones.

El decreto oficial afirma que la organización y desconcentración del poder ejecutivo buscan responder a la necesidad de presencia estatal en territorios con alta demanda de diálogo y atención social, y no buscan afectar la estructura institucional del país.