¡Escándalo en Bolivia: Acusan pignoración ilegal de 22 toneladas de oro y amenaza de cárcel a funcionarios!

Controversia sobre las reservas de oro en Bolivia genera debate político y legal

En los últimos días, la gestión de las reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB) ha sido centro de atención en el panorama político del país. La polémica comenzó después de que el candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge Quiroga, acusara públicamente al banco de realizar operaciones ilegales con las reservas nacionales.

Según Quiroga, parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN) fueron pignoradas sin la debida autorización y advirtió que los funcionarios del BCB podrían ser sancionados con cárcel. “Es ilegal pignorar el oro por debajo de 22 toneladas”, afirmó, y añadió que el 8 de noviembre, día en que se produce el cambio de mando presidencial, el Estado debería entregar 22 toneladas de oro. De no cumplirse, advirtió, los responsables podrían enfrentar cargos penales.

Marco legal y operaciones recientes de las reservas de oro

Las reservas de oro en Bolivia están reguladas por varias leyes, entre ellas la Ley 1503, promulgada en 2023, que autoriza la venta de casi la mitad de las reservas internacionales pero establece un mínimo de 22 toneladas como reserva estratégica. La misma normativa permite al BCB adquirir oro a los mineros nacionales, refinarlo y realizar operaciones financieras en mercados internacionales.

En un informe enviado a la Asamblea Legislativa, el BCB informó que, al 31 de agosto, las reservas de oro sumaban 24,12 toneladas, con 21,85 depositadas en bancos internacionales en países como Suiza, Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos. La mayoría de estos depósitos están en entidades de alta calidad crediticia.

Operación de venta anticipada y controversia legal

El gobierno explicó que la operación realizada no fue una venta definitiva, sino un contrato a futuro que compromete a Bolivia a entregar aproximadamente 8,4 toneladas en el próximo año. Este oro será adquirido en el mercado interno y no saldrá de las reservas actuales. La transacción generó unos 800 millones de dólares, destinados principalmente a gastos corrientes, como la importación de combustibles y el pago de deuda externa.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclaró que no se empeñaron las reservas, sino que se trató de una operación de venta anticipada. Sin embargo, algunos analistas cuestionan la legalidad y transparencia del proceso. El gerente de Operaciones del BCB, Oswaldo Quelali, señaló que la operación está respaldada por un contrato a futuro, pero no se conocen todos los detalles de la misma.

Expertos en economía y derecho han expresado su preocupación por las implicaciones legales y la falta de claridad en la gestión de las reservas. El economista Jaime Dunn afirmó que la operación, basada en artículos del Presupuesto General del Estado, podría ser legal pero también cuestionable desde un punto de vista constitucional y de transparencia.

Por su parte, Roger Banegas, ex director del Banco Central, alertó sobre la opacidad en la gestión de las reservas. “No está claro si se han vendido, pignorado o dado en garantía. La falta de información genera incertidumbre y puede derivar en especulación”, indicó.

En medio de estas controversias, la discusión sobre la legalidad, el manejo y la transparencia en la gestión de las reservas de oro en Bolivia continúa, poniendo en duda la solidez de las políticas financieras del país y el rol que debe cumplir la Asamblea Legislativa en estos procesos.