Tenso caso en Cuba: condenado a 4 años por grabar en la fila del gas y denuncian violaciones a derechos humanos

Condena de activista en Santiago de Cuba por grabar en la vía pública

El tribunal popular municipal de Santiago de Cuba dictaminó una condena de cuatro años y seis meses de prisión contra Julio César Duque de Estrada Ferrer. La sentencia se origina tras ser acusado de grabar con su celular en una fila para adquirir gas licuado, según el fallo al que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización con sede en Madrid.

El proceso judicial, que consideró probados los delitos de “desobediencia” y “atentado”, fue llevado a cabo por un panel conformado por Irina Díaz Delis, Hugo Liens Martínez y Noelia Rodríguez Martínez. Según el OCDH, todo el proceso estuvo marcado por violaciones a derechos fundamentales y una actuación ilegal por parte de las fuerzas de seguridad.

Detalles del incidente y violaciones a derechos

El incidente ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cerca del mediodía, en un barrio de Santiago de Cuba. La víctima, Duque de Estrada Ferrer, fue filmando una concentración de personas que esperaban para comprar gas licuado. La policía intervino rápidamente, y el oficial Mario Raciel Soulary Garcés, identificado como militar de contrainteligencia, le ordenó detener la grabación y entregar su teléfono.

Ante la negativa del activista a mostrar su documento de identidad, este fue sometido por la fuerza hasta un mercado cercano, donde finalmente entregó su identificación. En ese momento, la situación escaló con un forcejeo en el que, según la versión oficial, Duque de Estrada Ferrer golpeó al agente y arrojó su teléfono, acciones que fueron respondidas con una maniobra de contención por parte de la autoridad.

## Reacción de organismos internacionales y críticas a la actuación

El OCDH denunció que la intervención policial estuvo marcada por una actuación arbitraria y desproporcionada. La organización señaló además que la actuación del oficial fue ilegal, ya que las fuerzas militares no deben participar en tareas de seguridad pública, salvo en circunstancias excepcionales y claramente justificadas.

Desde el punto de vista del observatorio, la solicitud de cesar la grabación representa una restricción a la libertad de expresión y de información, derechos protegidos por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Cuba ha ratificado. La organización sostiene que filmar en espacios públicos, como en una fila, no constituye delito alguno y que la detención carece de fundamento legal.

El informe también destaca que no existía sospecha razonable que justificara la detención y que el uso de la fuerza fue innecesario y desproporcionado. La organización calificó la conducción del activista como una detención arbitraria, y cuestionó la legalidad del procedimiento y las atribuciones del oficial que participó en la intervención.

Implicaciones y antecedentes familiares

El proceso judicial también menciona que, durante el traslado, se produjo un forcejeo en el que el oficial aplicó técnicas de inmovilización, en un acto que el OCDH califica como ilegal y fuera de sus funciones. La organización sostiene que la imputación de delitos en estas circunstancias carece de sustento legal y que la reacción del activista fue consecuencia de una actuación abusiva por parte de las fuerzas del orden.

Julio César Duque de Estrada Ferrer es padre de Dairon Duque Estrada Aguilera, quien también se encuentra en prisión por motivos políticos, evidenciando un patrón de represión contra activistas y defensores de derechos humanos en Cuba.