Ecuador en crisis: aumento del diésel desata protestas y tensión política

El impacto de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

El gobierno de Ecuador comenzó a experimentar los primeros efectos tras la decisión de eliminar el subsidio al diésel, una medida que ha generado controversia y movilizaciones en varias partes del país. Desde el lunes 15 de septiembre de 2025, el precio del galón de diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80, lo que desató protestas en diferentes regiones. La administración de Daniel Noboa calificó esta acción como un paso histórico en la disciplina fiscal, aunque sectores sociales y económicos advirtieron sobre las posibles repercusiones sociales.

Respuesta social y medidas gubernamentales

Las protestas comenzaron en Quito, donde manifestantes bloquearon vías principales, colocando llantas y escombros en rechazo a la medida. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida, logrando desactivar algunos de estos bloqueos. La Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó rutas alternativas para evitar congestiones vehiculares. La convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otros sectores sociales anticipan un escenario de tensión política y social en los próximos días.

Por su parte, Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, afirmó que “este es un hecho histórico que ningún otro gobierno pudo implementar” y aseguró que no habrá aumentos en los pasajes, ya que las compensaciones económicas cubrirán parte de los costos del transporte. Además, explicó que se destinarán USD 220 millones en bonos a transportistas, beneficiando a más de 23.000 conductores durante un período inicial de ocho meses, con posibilidad de extenderlo.

Antecedentes y contexto político

La eliminación del subsidio al diésel no es una medida nueva en Ecuador. En 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, intentos similares provocaron protestas masivas que terminaron con retrocesos. En 2022, Guillermo Lasso también se vio obligado a revertir decisiones similares debido a la presión social. Ahora, Daniel Noboa apuesta por una política de austeridad, justificando la decisión como una estrategia para redirigir recursos hacia sectores productivos y sociales, en un contexto de necesidad de disciplina fiscal.

El anuncio se realizó desde la Gobernación de Cotopaxi, donde se trasladó temporalmente la sede presidencial. Paralelamente, en Quito, manifestantes bloquearon la Panamericana Norte en varias ocasiones, generando disturbios que requirieron la intervención de las fuerzas armadas. La tensión social llevó al gobierno a decretar el Estado de Excepción en varias provincias, restringiendo el derecho a la reunión y movilización en zonas afectadas.

Reacción de los diferentes sectores

Dirigentes indígenas, como Alfredo Negrete, del Cotopaxi, expresaron su respaldo a las protestas y aseguraron que están “más fortalecidos que nunca para resistir”. En contraste, sectores empresariales, especialmente en los rubros del banano y la acuicultura, respaldaron la medida y propusieron asumir el aumento en los costos de transporte. Sin embargo, las movilizaciones y bloqueos continúan en varias regiones, amenazando con paralizar aún más la economía local.

El gobierno mantiene su postura de que la disciplina fiscal es necesaria para garantizar un mejor manejo de los recursos públicos. Los bonos destinados a transportistas, que varían entre USD 450 y USD 1.000 mensuales, buscan mitigar el impacto en el sector, pero la incertidumbre social sigue en aumento. La situación refleja las tensiones existentes en un país donde las decisiones económicas tienen profundas implicaciones sociales y políticas.