Reforma de pensiones: opiniones de congresistas vs. votos en Ley 32123

La Ley 32123, promulgada en 2024, ha tenido un impacto profundo y estructural en el sistema previsional peruano, generando un intenso debate debido a sus efectos en millones de afiliados. En el Congreso, la norma fue defendida como un mecanismo para frenar los presuntos «cobros de cupos» por parte de las AFP y para promover la competencia en el mercado previsional. Sin embargo, el texto legal también introduce disposiciones que limitan la disponibilidad de fondos por parte de los trabajadores y aumentan las obligaciones de aportes, incluso para los independientes.

## Restricciones en los retiros de fondos previsionales

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la prohibición de realizar retiros totales o parciales de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización. El artículo 15 especifica que no se permitirá la disposición libre de estos fondos, salvo en los casos ya contemplados en normativas anteriores. Esta medida representa un cambio respecto a los retiros extraordinarios autorizados en años anteriores, cuando el Congreso permitió hasta seis liberaciones parciales que inyectaron miles de millones de soles a la economía nacional.

Asimismo, la legislación modificó las condiciones para el acceso al retiro del 95,5 % de los fondos en el momento de la jubilación. La décimo quinta disposición complementaria final establece que los afiliados menores de 40 años, al momento de la entrada en vigencia de la ley, ya no podrán acceder a este mecanismo. Además, la edad para la jubilación anticipada se elevó de 50 a 55 años, lo que retrasa la posibilidad de recibir una pensión antes de cumplir la edad legal.

## Inclusión de los independientes y cambios en la edad de jubilación

Paralelamente, la ley incorporó a los trabajadores independientes como aportantes obligatorios. El artículo 9 determina que estos trabajadores deberán contribuir con un porcentaje que oscila entre el 2 % y el 5 % de sus ingresos, dependiendo de la categoría y la progresividad establecida en la normativa. Con ello, se busca formalizar su participación en el sistema previsional, reduciendo las opciones de permanecer fuera del esquema tanto en el sistema público (ONP) como en el privado (AFP).

En cuanto a la edad para acceder a la jubilación anticipada, la ley elevó el límite de 50 a 55 años. Esta medida implica que los afiliados deberán esperar más tiempo para recibir una pensión anticipada, retrasando así la posibilidad de acceder a beneficios previsionales antes de la edad legal de jubilación.

## Condiciones para la pensión mínima y otros beneficios

Uno de los cambios de mayor impacto social es la implementación de una pensión mínima de S/600 para los jubilados que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Esta disposición, incluida en la quinta disposición complementaria transitoria, busca ofrecer un ingreso básico a los pensionistas, aunque también genera obligaciones fiscales para garantizar la sostenibilidad del monto en el largo plazo.

La ley también mantiene la opción de destinar hasta el 25 % del fondo acumulado para la compra de una primera vivienda. Este beneficio, sin embargo, no es novedoso, ya que había sido establecido en 2016 mediante la Ley 30478, durante la presidencia del Congreso de Luis Iberico.

## Competencia en el sector previsional y estructura de comisiones

Uno de los objetivos declarados de la ley fue promover la competencia en el sector previsional, permitiendo la entrada de otras entidades, como aseguradoras o bancos de inversión. Sin embargo, a un año de su promulgación, no han surgido nuevos competidores. La concentración continúa en las cuatro AFP existentes, muchas de las cuales forman parte de conglomerados financieros que incluyen bancos, lo que limita las posibilidades de competencia real en el mercado.

En cuanto a las comisiones, la ley introdujo un esquema basado en la productividad. Se afirmó que las AFP cobrarían solo si generaban ganancias para los afiliados. Sin embargo, el reglamento posterior especificó que las administradoras cuentan con una comisión fija garantizada, mientras que la parte variable depende del desempeño de los fondos. Esto significa que, incluso en escenarios de baja rentabilidad, las AFP mantienen parte de sus ingresos por comisiones.

## Impacto social y obligaciones fiscales

Entre las disposiciones de mayor alcance social se encuentra la fijación de una pensión mínima de S/600 para los jubilados que cumplan con los requisitos establecidos. Aunque esta medida busca beneficiar a los aportantes, también implica obligaciones fiscales destinadas a garantizar la sostenibilidad del monto en el futuro.

Por último, la ley mantiene la posibilidad de que los afiliados destinen hasta el 25 % de su fondo acumulado para la compra de su primera vivienda, una opción que ya existía desde 2016. En materia de traslados y otros beneficios, la legislación busca seguir fortaleciendo el sistema previsional, aunque su impacto y alcance continúan siendo objeto de análisis y debate en el país.