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¡Escándalo en Baja California! La red criminal «Boardwalk Empire» vinculada a «La Mayiza» y el Cártel de Sinaloa, respaldada por poderosos empresarios y legisladores, desata una ola de lavado de dinero y corrupción en Playas de Rosar

Escrito por radioondapopular
septiembre 18, 2025
¡Escándalo en Baja California! La red criminal «Boardwalk Empire» vinculada a «La Mayiza» y el Cártel de Sinaloa, respaldada por poderosos empresarios y legisladores, desata una ola de lavado de dinero y corrupción en Playas de Rosar





Red criminal en Baja California vinculada a “La Mayiza” y la política local

Red criminal «Boardwalk Empire» operada por empresas ligadas a “La Mayiza” en Baja California

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impuesto sanciones recientes contra diversas personas y empresas en Playas de Rosarito, Baja California. Estas acciones buscan denunciar su presunta participación en actividades de lavado de dinero, corrupción política y la protección de operaciones criminales relacionadas con la facción denominada “La Mayiza”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

Este entramado delictivo está bajo el control de un grupo de 15 empresas, conocidas como “Broadwalk Empire”, que funciona como una red criminal estructurada para facilitar el lavado de recursos ilegales y mantener el poder en la región. Entre los principales señalados están los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos en el bajo mundo como “El Aquiles” y “La Rana”. Ambos son considerados por las autoridades mexicanas y estadounidenses como operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada, coordinando acciones en las costas del Pacífico para proteger intereses del cártel.

Negocios turísticos y vínculos con el narcotráfico

El entramado criminal cuenta con la colaboración de Jesús González Lomelí, empresario local dueño de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos “El Caimán”. Estos establecimientos, además de ser puntos turísticos destacados en Rosarito, han sido utilizados como plataformas para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico.

González Lomelí no solo actúa como financista de los Arzate, sino que también mantiene vínculos con otros jerarcas del Cártel de Sinaloa, incluyendo a “El Ruso”. Estas conexiones han fortalecido la infraestructura económica del cártel en la región, permitiendo la expansión de sus operaciones.

Control territorial y actividades ilícitas

Durante más de diez años, los hermanos Arzate García han ejercido control sobre las rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California, según informes de la DEA y la Fiscalía General de la República. Su influencia se sostiene con un aparato armado local y una sofisticada red financiera que permite el blanqueo de recursos ilegales a través de negocios legales aparentes.

Las autoridades consideran que estos grupos mantienen enfrentamientos internos y con otras organizaciones, además de cobrar el llamado “piso” en áreas turísticas, consolidando así su presencia en Baja California. Los señalados, “El Aquiles” y “La Rana”, figuran en procesos judiciales en Estados Unidos por tráfico de drogas y están en la lista de los más buscados por la DEA.

Implicaciones políticas y vínculos con la administración local

Este caso ha cobrado notoriedad también por sus conexiones con la política local. La actual diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, fue vinculada con operadores del cártel durante su gestión municipal. La relación cercana con personajes como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre facilitó la influencia del crimen organizado en decisiones políticas y en la protección de sus intereses en el gobierno local.

Brown, quien es licenciada en Ciencias de la Educación y militante de Morena desde sus inicios, fue la primera mujer en gobernar Rosarito en 2019. Aunque su administración promovió una política de cercanía con el sector empresarial y turístico, también ha sido señalada por supuestos vínculos con actores del narcotráfico, lo que genera preocupación sobre la posible complicidad institucional en operaciones ilícitas.

Este entramado refleja la complejidad de la situación en Baja California, donde el crimen organizado y la política parecen entrelazarse para mantener estructuras de poder que impactan la seguridad y el desarrollo de la región.


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