EE.UU. critica fallo judicial contra Uribe y advierte riesgo legal

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por la reciente declaratoria de culpabilidad del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien fue condenado por soborno a un testigo. Rubio calificó la decisión como un “precedente alarmante” y criticó lo que considera una instrumentalización del sistema judicial colombiano por parte de jueces radicales.

Las declaraciones de Rubio se produjeron horas después de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito en Bogotá, confirmara la existencia del delito de soborno en el caso contra Uribe. La magistrada detalló que la conducta ilícita quedó probada gracias a las comunicaciones entre el abogado Diego Cadena, representante del ex mandatario, y Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar actualmente recluido en una cárcel de la capital colombiana.

Según la jueza, se evidenció que existió una campaña para manipular la declaración de Monsalve ante la Corte Suprema de Justicia. La estrategia buscaba que el testigo desmintiera sus acusaciones previas sobre supuestos vínculos entre Uribe, su hermano Santiago, y grupos paramilitares. Además, se pretendía que Monsalve alegara que sus declaraciones anteriores estaban influenciadas por una supuesta manipulación del senador Iván Cepeda, quien había obtenido su testimonio bajo promesas de beneficios penitenciarios.

El proceso judicial comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra Cepeda por manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación se centró en el ex presidente, ya que un magistrado decidió no investigar al senador y, en cambio, abrir un proceso contra Uribe por su presunta participación en la manipulación de testigos.

Durante la audiencia, la jueza validó como pruebas las interceptaciones telefónicas y grabaciones hechas con un reloj espía por Monsalve en la cárcel. La defensa de Uribe cuestionó la legalidad de estas evidencias, pero la magistrada confirmó que su obtención fue legal y que no violaron derechos constitucionales ni se realizaron de mala fe. Además, aclaró que ocultar la grabación a la persona interlocutora no constituye un delito.

Monsalve, que en el pasado fue miembro del bloque paramilitar Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y hijo del administrador de la hacienda familiar Uribe, afirmó en su declaración que esa finca fue escenario de planeaciones para ataques paramilitares en los años 90, en las cuales supuestamente participaron miembros de la familia Uribe. Uribe y su defensa han rechazado enérgicamente esas acusaciones.

Por el momento, la jueza no ha determinado si el expresidente actuó como determinador en el delito de soborno, aunque dejó en claro que Uribe conocía del plan para manipular a Monsalve. La resolución final sobre su responsabilidad todavía está pendiente.

Este caso ha generado un fuerte debate en Colombia y en la región, con diversas voces que cuestionan la independencia del sistema judicial y la influencia de actores externos en la política local. La condena a Uribe representa un hito en la lucha contra la corrupción y la manipulación judicial en el país, pero también ha avivado las polémicas sobre la justicia y la política en Colombia.