Noboa justifica deportación de colombianos por sobrepoblación carcelaria

La deportación masiva de ciudadanos colombianos desde Ecuador ha generado una profunda tensión diplomática entre ambos países. La semana pasada, Ecuador deportó a más de 600 colombianos recluidos en su sistema penitenciario, una medida que fue rápidamente criticada por Bogotá, que calificó las acciones como un acto unilateral y poco respetuoso del derecho internacional.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, defendió la decisión en una entrevista transmitida el lunes, argumentando que la medida era necesaria y que se había realizado siguiendo los procedimientos legales establecidos. Noboa explicó que Ecuador no puede mantener a mil presos extranjeros, ya que los recursos de salud y justicia se priorizan para los nacionales. Según sus palabras, los presos extranjeros, considerados «grupos prioritarios», reciben atención por encima de los ciudadanos ecuatorianos, lo que genera un desequilibrio en los recursos del Estado.

Noboa también afirmó que, en casos específicos, como los presos con enfermedades graves, la prioridad en el sistema de salud recae en los ecuatorianos y no en los extranjeros. La medida, según el mandatario, busca garantizar que los recursos del sistema penitenciario y de salud se destinen principalmente a los nacionales.

Por su parte, la Cancillería colombiana informó que, hasta ese momento, lograron ingresar a Colombia alrededor de 450 de los deportados, mientras que otros permanecían en la frontera. La autoridad diplomática también destacó que solo contaban con antecedentes judiciales de 348 de ellos, por lo que solicitaron formalmente la información restante. La Cancillería calificó la deportación como un acto “inamistoso” y criticó que se realizó sin un protocolo bilateral que garantizara condiciones dignas para los deportados.

Colombia, además, evalúa medidas diplomáticas y podría recurrir a acciones internacionales por lo que considera una violación del derecho internacional. Ecuador, en cambio, sostiene que cumplió con todos los requisitos legales, incluyendo resoluciones judiciales y procedimientos individualizados, y que la deportación se realizó de acuerdo con la ley.

El conflicto ha reavivado tensiones históricas entre ambos países, que comparten una frontera de casi 600 kilómetros y mantienen una relación marcada por episodios de desconfianza, como la crisis de Angostura en 2008. Además, las recientes fricciones se agravaron tras las elecciones ecuatorianas de 2025, cuando el gobierno colombiano, bajo el mandato de Gustavo Petro, no reconoció inicialmente la victoria de Daniel Noboa y respaldó versiones de fraude electoral, alimentando aún más las diferencias diplomáticas.

Este incidente refleja las complejidades en la relación bilateral, marcada por disputas sobre procedimientos y derechos humanos en materia de deportaciones, además de las tensiones políticas derivadas de la situación regional y las diferencias ideológicas entre los líderes de ambos países.