Harvard contempla invertir 500 millones para solucionar conflicto con Trump

Harvard y la Administración Trump negocian un posible acuerdo millonario que podría alcanzar los 500 millones de dólares, según informaron fuentes cercanas a las conversaciones citadas por *The New York Times*. La cifra, que supera en más del doble los 200 millones de dólares que Columbia University aceptó pagar la semana pasada para resolver reclamaciones federales por antisemitismo, aún no ha sido confirmada oficialmente. Aunque Harvard ha mostrado resistencia a entregar fondos directamente al gobierno federal, las negociaciones continúan abiertas y los detalles específicos de las denuncias que podrían resolverse con este acuerdo permanecen en secreto.

El periódico estadounidense señala que el expresidente Donald Trump, en privado, ha solicitado que Harvard desembolse una suma mucho mayor que la acordada por Columbia. La administración ha cambiado su postura respecto a los enfoques iniciales, cuando condicionaba las negociaciones a la recuperación de fondos federales para investigación. Ahora, el enfoque parece centrarse en aspectos económicos, solicitando un pago sustancial que, según análisis de expertos, podría tener implicaciones tanto políticas como legales.

Este proceso de negociaciones ocurre en medio de un conflicto judicial. En abril pasado, la universidad demandó al gobierno federal tras la suspensión de fondos destinados a investigación, argumentando que ninguna administración debería influir en su autonomía en temas de admisión, contratación y currículo. El presidente interino de Harvard, Alan Garber, expresó en aquella ocasión su rechazo a la interferencia externa y anticipó que la universidad buscaría proteger su independencia ante cualquier regulación que considerara inadecuada.

Por otro lado, en las negociaciones, Harvard ha puesto en duda la supervisión externa que se podría exigir, a diferencia de Columbia, que aceptó la supervisión de un monitor externo para asegurar el cumplimiento del acuerdo. La institución también evalúa que, si lograran ganar en el litigio, un acuerdo podría evitar conflictos mayores durante la presidencia de Trump, además de aportar claridad sobre el uso del dinero y la resolución del caso judicial pendiente.

La Casa Blanca, a través de su portavoz Harrison W. Fields, ha señalado que el objetivo del gobierno es eliminar el antisemitismo y las políticas de diversidad, equidad e inclusión consideradas problemáticas en los campus, además de proteger los derechos civiles de todos los estudiantes. Fields expresó optimismo en alcanzar un acuerdo “justo” mediante negociaciones de buena fe, confiando en que Harvard eventualmente apoyaría las políticas presidenciales.

El acuerdo con Columbia ha servido como modelo para futuras negociaciones, incluyendo cláusulas que buscan blindar la autonomía universitaria frente a posibles interferencias del Estado, especialmente en temas como admisión y contratación. Expertos en el sector, como Donna E. Shalala, resaltan que Columbia simplemente evitó admitir culpabilidad y mantuvo su derecho a seguir operando normalmente, en un contexto donde las negociaciones se centran en obtener ventajas prácticas más que en la admisión de responsabilidades.

Harvard, con un fondo patrimonial cercano a los 53 mil millones de dólares, enfrenta condicionantes distintos. La mayor parte de su capital está restringido y su presupuesto podría verse afectado por reformas fiscales o amenazas a fondos federales, que podrían reducir en cerca de mil millones de dólares sus recursos anuales. La universidad también consideró, en conversaciones previas, la posibilidad de imponer gravámenes sobre sus activos en caso de incumplimiento, aunque esta opción perdió fuerza en las negociaciones recientes.

El impacto financiero de cualquier acuerdo será crucial para Harvard, cuya financiación en investigación representa aproximadamente el 11% de sus ingresos anuales. Restablecer el acceso completo a fondos federales, como ocurrió en el caso de Columbia, es fundamental para sostener su liderazgo en investigación avanzada. Las conversaciones entre Harvard y el gobierno continúan activas, mientras una resolución definitiva aún depende de decisiones judiciales. La jueza federal Allison D. Burroughs ha expresado preocupaciones acerca de la estrategia del gobierno de condicionar fondos a denuncias de antisemitismo, lo que podría extender la resolución en las próximas semanas, en un escenario que combina aspectos legales, políticos y financieros.