Francisco Tudela: Perú, foco del uso del lawfare en la región

La crisis judicial y política en Perú

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo son cuatro expresidentes del Perú que han pasado por la cárcel de Barbadillo. A ellos se suman Martín Vizcarra y la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, quienes enfrentan múltiples investigaciones fiscales y cuyo destino podría ser similar en el futuro cercano.

Una realidad que los peruanos parecen aceptar

Este escenario se ha convertido en una realidad cotidiana para los peruanos. Según informes, expresidentes, excongresistas y ministros están presos, investigados o prófugos, en medio de una profunda crisis institucional que ha marcado los últimos años del país.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, previa a su participación en CADE Ejecutivos 2025, el excanciller Francisco Tudela reflexionó sobre el impacto que los procesos judiciales contra políticos han tenido en la percepción internacional del Perú. Para Tudela, el país atraviesa actualmente por un régimen de judicialización de la política.

Reflexiones de Francisco Tudela sobre la judicialización y la política

«El Perú es el país del lawfare. El lawfare es la judicialización de la política. Entonces, las investigaciones, las denuncias, etcétera, forman parte de la vida política peruana», afirmó Tudela. Además, sostuvo que esta práctica se ha convertido en una herramienta habitual que, lamentablemente, refuerza la crisis de gobernabilidad en el país.

El exministro también resaltó la importancia de la participación de los jefes de Estado en eventos internacionales, incluso cuando enfrentan rechazo popular o investigaciones fiscales abiertas. En particular, mencionó a Dina Boluarte, quien, a pesar del amplio rechazo que genera, continúa asistiendo a foros internacionales.

Tudela subrayó que la inmunidad presidencial garantiza el ejercicio de sus funciones, y que no es posible impedir que un jefe de Estado participe en conferencias o cumbres internacionales. Sin embargo, aclaró que los procesos judiciales se pueden iniciar después de que el mandatario deje el cargo, salvo en casos de flagrancia delictiva.

Una crisis que afecta la gobernabilidad y el desarrollo del país

El exministro consideró que esta situación ha generado una profunda crisis institucional, en la que la legitimidad se confunde con la legalidad y el debate público se ha desplazado hacia los despachos fiscales. En su opinión, el lawfare ha minado la gobernabilidad, alimentando un ciclo de inestabilidad y polarización que impide al Perú concentrarse en su desarrollo.

La persistente judicialización de la política en Perú continúa siendo un tema central en la agenda nacional, reflejando las profundas fracturas y desafíos que enfrenta la nación en su camino hacia la estabilidad y el progreso.