Escándalo en Venezuela: Fiscal Darling Ortiz acusada de corrupción y ultraje al pudor tras filtración de videos íntimos

Filtración y polémica en Venezuela: la fiscal Darling Ortiz y el oficial Santiago Infante en el centro del escándalo

En las últimas semanas, un caso ha generado gran revuelo en Venezuela, especialmente en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara. Una grabación viral en WhatsApp mostró fragmentos de videos pornográficos supuestamente relacionados con la fiscal sexta, Darling Ortiz. La publicación fue atribuida al Mayor General (Av) Santiago Alejandro Infante Itriago, un destacado oficial de la Fuerza Aérea. Lo que comenzó como un escándalo sexual menor se convirtió en una crisis institucional tras la respuesta del Ministerio Público.

La respuesta oficial y la detención de la fiscal

Horas después de que la grabación circulara en redes sociales, la Fiscalía General de la República publicó en su cuenta de Instagram una foto de la fiscal Ortiz, notificando que sería detenida por delitos que incluirían “corrupción, ultraje al pudor e incitación al odio”. La difusión de su imagen y la acusación generaron un fuerte debate en la comunidad local, que en su mayoría cuestionó la legalidad y la ética de la acción.

El motivo oficial para la aprehensión se centró en el “ultraje al pudor”, un cargo que en Venezuela suele usarse en casos de conductas consideradas indecorosas. Sin embargo, la polémica se intensificó debido a que muchos vieron en esto un ejemplo de doble moral, dado que la misma institución que la acusa sería la que expuso públicamente sus videos íntimos. La grabación en cuestión habría sido enviada a Infante por la propia fiscal en un contexto privado, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de la publicación.

## El papel del oficial Santiago Infante y las implicaciones

Santiago Infante, actual diputado de la Asamblea Nacional, tiene una historia vinculada a la Fuerza Aérea y a la política venezolana. Egresado en 1991, llegó a ser comandante general de la Aviación y participó en la intentona golpista contra el expresidente Carlos Andrés Pérez en 1992. Su participación en el alzamiento del 27 de noviembre de ese año fue significativa, aunque fue liberado poco tiempo después, considerado un oficial manipulado por otros líderes militares, incluido Hugo Chávez.

Lo que ha despertado aún más controversia es que el oficial habría compartido los videos íntimos en su cuenta de WhatsApp. La fiscal Ortiz, por su parte, fue víctima de la exposición pública, ya que aparentemente la grabación fue enviada por ella en un acto privado. La pregunta que surge es si la publicación de los videos por parte del oficial constituye un delito, y si el Ministerio Público debería haber actuado contra él por violar la privacidad de la fiscal.

Implicaciones y polémicas en torno a la justicia y la parcialidad

El fiscal general, Tarek William Saab, ha sido criticado por mostrar parcialidad en casos que involucran a figuras militares o de inteligencia vinculadas al oficialismo. La detención de la fiscal Ortiz y la inclusión del fiscal auxiliar Jairo González en las acciones judiciales parecen reflejar un doble estándar, en el que la justicia actúa con rapidez contra funcionarios de oposición o con conductas consideradas inmorales, pero muestra mayor indulgencia con altos funcionarios del gobierno.

El caso también plantea interrogantes sobre la ética de los funcionarios públicos en Venezuela, especialmente en un entorno donde la protección de la privacidad y la dignidad personal parecen ser vulneradas por quienes deberían velar por la legalidad. La publicación de los videos íntimos, en este contexto, no solo expone la vulnerabilidad de la fiscal, sino también evidencia un posible uso abusivo del poder institucional.

¿Un acto de doble moral?

La situación ha abierto un debate sobre la legitimidad de la imputación por “ultraje al pudor” en este caso. Mientras la fiscal Ortiz enfrenta cargos por su conducta, el oficial Infante, quien compartió los videos, parece quedar impune o, al menos, no recibir la misma atención judicial. La comunidad cuestiona si la justicia venezolana está actuando con la misma rigurosidad y transparencia en todos los casos, o si, por el contrario, se trata de una muestra más de la parcialidad en el sistema judicial.

En definitiva, este episodio evidencia las tensiones existentes en Venezuela en torno a la ética, la privacidad y el uso del poder institucional. La resolución del caso tendrá repercusiones en la percepción pública sobre la justicia y la protección de los derechos fundamentales en el país.