El sector transporte en Perú se encuentra en medio de una grave crisis de seguridad, marcada por una escalada de violencia que incluye atentados, extorsiones y asesinatos. La situación ha afectado tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios, generando un clima de inseguridad que ha llevado a diversos sindicatos y asociaciones a interrumpir sus actividades este lunes 6 de octubre en Lima y Callao en busca de soluciones inmediatas.

Reunión en el Congreso y demandas del sector

En respuesta a la crisis, representantes de los conductores, encabezados por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP), participaron en una reunión de alto nivel convocada en el Congreso de la República. Durante el encuentro, se alcanzaron diversos acuerdos, destacando la exigencia al Poder Ejecutivo para que declare en emergencia el sistema de transporte público.

Este llamado se suma a las declaraciones previas de la presidenta Dina Boluarte, quien confirmó públicamente que su gobierno analiza incluir al transporte público en el régimen de emergencia. La mandataria señaló que esta medida busca acelerar procesos como la compra directa de cámaras de seguridad y reforzar la presencia policial en las calles, ante los retrasos en las licitaciones para adquirir equipamiento de vigilancia.

Medidas propuestas en una eventual declaración de emergencia

Una posible declaración de emergencia en el sector transporte permitiría al gobierno implementar medidas extraordinarias durante un período determinado, con el objetivo de restablecer la seguridad y el orden. Entre las acciones contempladas se encuentran:

• Instalación inmediata de cámaras de vigilancia con geolocalización y botones de pánico en las unidades.
• Implementación del registro biométrico facial de conductores.
• Asignación de presupuestos operativos enfocados en corredores de alto riesgo.
• Fortalecimiento de la inteligencia policial y creación de programas de recompensas por denuncias seguras.
• Establecimiento de un fondo de asistencia para las familias de las víctimas y cobertura obligatoria de seguros de vida y salud para conductores formales.

Estas medidas facilitarían la agilización de adquisiciones y contrataciones, eliminando obstáculos burocráticos y permitiendo respuestas más rápidas frente a la criminalidad.

Historial y antecedentes del pedido de emergencia

No es la primera vez que el Parlamento y los transportistas solicitan una declaratoria de emergencia. El 11 de diciembre pasado, el Pleno del Congreso aprobó una moción para solicitar un estado de emergencia en Lima y Callao por 120 días, ante la crisis en el sistema de transporte.

Este planteamiento fue sustentado por la congresista Patricia Juárez, quien argumentó que la situación evidencia un problema complejo que afecta a todo el país, caracterizado por el desorden, la informalidad y la falta de acción por parte de las autoridades.

“Nos daría un tiempo razonable. Entendemos que es un problema complejo y no solo de Lima y Callao, sino de todo el país. Todas las ciudades están colapsadas por el desorden, la informalidad y la inacción de las autoridades, lo que ha llevado a una situación de colapso”, afirmó Juárez.

Contexto y desafíos del sector transporte

La crisis en el transporte peruano evidencia la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los conductores y usuarios. La violencia persistente y los delitos asociados generan un impacto negativo en la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.

Las autoridades continúan evaluando las mejores opciones para responder a esta problemática, con la esperanza de reducir la incidencia delictiva y recuperar la confianza en el sistema de transporte público del país.