Una nación en medio de la indignación social

Perú atraviesa una profunda crisis caracterizada por una creciente ola de criminalidad, escándalos de corrupción y una percepción generalizada de inacción por parte del gobierno de Dina Boluarte. En los últimos días, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, mientras la desaprobación ciudadana hacia la presidenta y su gabinete supera el 90%. La situación ha llevado al país a un escenario de inestabilidad política y social, con llamados a la vacancia presidencial y protestas masivas que amenazan con paralizar la nación.

Incremento de la violencia y episodios de inseguridad

La escalada de inseguridad se evidenció con el reciente tiroteo en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, durante un evento masivo. El incidente generó pánico entre los asistentes y puso en evidencia la vulnerabilidad de los espacios públicos. Este hecho se suma a una serie de atentados y episodios violentos que han aumentado la percepción de inseguridad en la capital y en varias regiones del país.

La ciudadanía, cada vez más alarmada, exige respuestas concretas ante el incremento de extorsiones y el sicariato, delitos que parecen desbordar la capacidad de las autoridades para controlarlos. La sensación de que las autoridades no logran contener la violencia ha generado un clima de tensión y desconfianza generalizada.

Escándalos de corrupción que afectan la legitimidad del gobierno

El gobierno de Dina Boluarte también enfrenta una serie de escándalos de corrupción que han debilitado su legitimidad ante la población. En sus dos años de gestión, la mandataria ha estado involucrada en casos como el polémico «Rolexgate», la controversia por el «cofre presidencial», y una investigación en curso por cirugías no autorizadas, que podría derivar en acusaciones penales por falsificación y omisión de funciones.

Asimismo, se han registrado escándalos relacionados con su hermano, Nicanor Boluarte, involucrado en investigaciones por corrupción, además de las muertes ocurridas durante protestas sociales bajo su administración. Estos episodios han alimentado el descontento social y la desconfianza hacia su gestión, profundizando la crisis política.

Respuesta gubernamental y rechazo ciudadano

La reacción del gobierno de Boluarte ante la creciente ola de criminalidad ha sido percibida como insuficiente y poco efectiva. La desaprobación ciudadana se mantiene por encima del 90% desde hace más de un año, según encuestas de Ipsos. La falta de medidas concretas para frenar la delincuencia y esclarecer los casos de corrupción ha reforzado la percepción de un gobierno incapaz de gestionar la crisis.

La percepción de parálisis institucional y la ausencia de liderazgo han agravado el desgaste político de la presidenta y su entorno. Diversas bancadas del Congreso han presentado mociones de vacancia por incapacidad, mientras que organizaciones sociales han convocado a un paro nacional para el 15 de octubre en protesta contra su gestión.