El futuro de la pensión vitalicia para la expresidenta Dina Boluarte depende de la interpretación que realice el Congreso sobre la ley que regula este beneficio para exmandatarios. Aunque la normativa reconoce este derecho, la decisión final está en manos de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, actualmente presidida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El abogado constitucionalista Carlos González explicó en exclusiva a Infobae Perú que el objetivo de esta ley es garantizar que los expresidentes mantengan un nivel de vida adecuado tras finalizar su mandato, preservando su representatividad incluso fuera del cargo.

No obstante, la aplicación de esta normativa ha sido desigual. El Congreso, encargado de administrar el presupuesto destinado a este beneficio, ha adoptado una interpretación restrictiva en los casos de Francisco Sagasti y Manuel Merino. Ambos accedieron a la presidencia por sucesión y no mediante elección directa, por lo que se les ha negado la pensión vitalicia.

Esta misma interpretación podría afectar a Dina Boluarte, quien también asumió el cargo de manera similar, por sucesión. La decisión dependerá de cómo la Mesa Directiva interprete la ley en su caso específico.

“En el momento en que hablamos, Dina Boluarte no enfrenta una acusación constitucional en su contra, ya que este proceso requiere tiempo para formalizarse. Sin embargo, si el Congreso no presenta una acusación formal, la Mesa Directiva —que administra el presupuesto para expresidentes— tiene la potestad de interpretar la norma y decidir si se le otorga o no la pensión. Esto fue lo que ocurrió con Sagasti y Merino”, explicó González.

El experto añadió que la pensión solo se suspende si se presenta una acusación constitucional formalizada ante el Pleno del Congreso. Este proceso puede iniciarse rápidamente si se reúnen las firmas necesarias y existe la voluntad política suficiente en la Cámara.

González también señaló que, tras ser vacada por el Congreso, la situación legal de Boluarte cambió significativamente. Actualmente, ya no goza de inmunidad, por lo que puede ser investigada y, en caso de ser condenada, su derecho a recibir una pensión vitalicia podría ser revocado.

“Dina Boluarte, en la actualidad, es una ciudadana común. La inmunidad que tenía durante su mandato se ha perdido. Aunque aún conserva cierta inmunidad, esta puede ser reactivada a través de denuncias constitucionales o nuevas acusaciones sobre los mismos casos”, afirmó el abogado a Infobae Perú.

El acceso a la pensión vitalicia también está condicionado por los casos de otros expresidentes. En particular, Dina Boluarte tendrá un interés especial en el resultado del proceso de Pedro Castillo, quien también reclama el pago mensual de su pensión.

El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó al Congreso otorgar la pensión a Pedro Castillo. La decisión concluye que el Parlamento vulneró el principio de igualdad al negarle este beneficio, mientras que en el caso de Alberto Fujimori, sí fue concedida pese a sus condenas por corrupción y homicidio.

Según la resolución, obtenida por Infobae Perú, el Congreso aplicó el mismo artículo de la ley para justificar decisiones opuestas, afectando así el principio de igualdad ante la ley. Aunque todavía es una sentencia de primera instancia y requiere confirmación, podría obligar al Parlamento a cumplir la orden si se ratifica la ejecución anticipada solicitada por la defensa de Castillo.

“Si una persona ha sido acusada constitucionalmente, su pensión debería estar suspendida; lo mismo aplica para Fujimori. En el caso de Boluarte, si se formalizan acusaciones o denuncias, su situación podría cambiar”, concluyó González.