Decisión del 9° Juzgado Constitucional de Lima

El 9° Juzgado Constitucional de Lima emitió una resolución determinante en la disputa por la titularidad de la Fiscalía de la Nación. El juez Juan Fidel Torres Tasso declaró fundada la medida cautelar solicitada por Delia Espinoza, suspendiendo provisionalmente los efectos del artículo tercero de la Resolución N° 231-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia. Esta resolución de la JNJ ordenaba la reposición de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación.

Repercusiones y efectos inmediatos

Con esta decisión, se restablece la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 y la Resolución N° 058-2024-MP-FN-JS, que designan a Espinoza Valenzuela en el cargo. Además, se suspenden los procedimientos disciplinarios en su contra derivados de la ejecución de la resolución anterior.

Contexto y fundamentos de la resolución

La resolución judicial, fechada el 13 de octubre de 2025, responde a una controversia institucional que involucra a la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia y las figuras de Espinoza Valenzuela y Patricia Benavides. En ella, se ordena a la JNJ abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique la reposición de Benavides Vargas y se garantiza que Espinoza Valenzuela continúe ejerciendo como Fiscal de la Nación mientras se resuelve el proceso de amparo principal.

Fundamentos jurídicos de la medida cautelar

El juzgado identificó la afectación directa e inmediata de derechos fundamentales de la demandante, incluyendo el derecho al ejercicio pleno de la función pública, el derecho al debido proceso y el derecho a una debida motivación. La falta de motivación en las resoluciones de la JNJ, junto con la ausencia de firmas de los miembros del pleno en los actos administrativos, fueron considerados vicios de forma y fondo que comprometen la validez de dichos actos.

El juez Torres Tasso destacó que la verosimilitud del derecho de Espinoza Valenzuela está acreditada, especialmente en lo que respecta a la motivación de las resoluciones administrativas y el ejercicio de sus funciones. La medida cautelar busca garantizar la efectividad de una eventual sentencia definitiva, sin que ello implique una designación judicial ni una reposición con efectos retroactivos, sino la protección del estado actual del cargo durante el proceso judicial.

Obligaciones y plazo de cumplimiento

El fallo ordena a la Junta Nacional de Justicia que, en un plazo de cinco días hábiles tras la notificación, expida los actos administrativos necesarios para cumplir con la resolución, bajo apercibimiento legal en caso de incumplimiento. Además, se convoca a la JNJ a que disponga la suspensión provisional de los efectos de su resolución y de cualquier procedimiento sancionador en contra de la demandante.

El acuerdo establece que la suspensión de los efectos de la resolución de la JNJ y la vigencia de la designación de Espinoza Valenzuela se mantendrán hasta que se dicte sentencia en el proceso de amparo, dejando abierta la posibilidad de nuevos escenarios según el resultado final. La medida cautelar se mantendrá hasta la conclusión del proceso judicial principal, garantizando la estabilidad en la titularidad de la Fiscalía de la Nación durante el trámite.