Decisión mayoritaria y contexto

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú, en una votación que contó con el respaldo de cinco magistrados, decidió archivar de manera definitiva el caso Cócteles, que investigaba a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal. La resolución fue adoptada el 2 de octubre de 2025 y representa un hito en la historia judicial del país.

La sentencia, fundamentada en una demanda de habeas corpus presentada por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, anuló todas las resoluciones judiciales y actos fiscales desde el inicio de las investigaciones en 2017. La decisión fue publicada en el portal oficial del Tribunal y supone el cierre formal del proceso.

Composición y votación del Tribunal

El pleno del TC estuvo presidido por Luz Pacheco Zerga y contó con siete magistrados: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Gustavo Hernández Chávez.

La votación final fue de cinco votos a favor y dos en contra. Los magistrados que respaldaron la anulación argumentaron que el proceso contra Keiko Fujimori vulneraba principios constitucionales como la legalidad penal, la libertad personal y la tutela procesal efectiva.

Por otro lado, la minoría consideró que el Tribunal excedió sus competencias al anular un proceso penal en curso, sosteniendo que la decisión fue inapropiada y que afectó la autonomía del Poder Judicial.

Fundamentos de la decisión y argumentos principales

Los magistrados mayoritarios coincidieron en que los hechos imputados a Keiko Fujimori no constituían delito, señalando una posible «atipicidad» de las conductas y la aplicación retroactiva de normas penales. Además, sostuvieron que el partido político Fuerza Popular actuó como una organización legítima, no delictiva, y que las detenciones preventivas realizadas fueron arbitrarias y prolongadas injustificadamente.

El magistrado Helder Domínguez Haro, en un voto concurrente, destacó que no existieron fines delictivos en la campaña política de Fujimori y que el Ministerio Público incurrió en irregularidades procesales. Asimismo, Francisco Morales Saravia afirmó que las normas aplicadas eran posteriores a los hechos, lo que invalidó la acusación.

Por su parte, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron la sentencia sin agregar fundamentos adicionales, ratificando el archivo del caso.

Implicaciones y reacciones

La decisión del Tribunal ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial del Perú. Mientras algunos consideran que se respetaron los derechos de la defensa, otros creen que la resolución limita la lucha contra la corrupción.

Es importante destacar que los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez discreparon de la mayoría. Ambos consideraron que la presentación del habeas corpus fue improcedente, ya que las resoluciones judiciales cuestionadas no afectaban la libertad de Fujimori ni su proceso legal.

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