El fallo del Tribunal Constitucional abre camino para potenciales apelaciones en casos de políticos en Perú

El reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori ha generado un impacto significativo en el escenario judicial del Perú. Este fallo ha reconfigurado la estrategia de defensa de otros políticos investigados y procesados por presunto financiamiento ilícito de campañas electorales.

Uno de los casos que ha tomado relevancia en este contexto es el del expresidente Ollanta Humala. Su defensa ha abierto la posibilidad de apelar bajo los mismos criterios constitucionales que fueron utilizados para la exoneración de Fujimori. La situación de Humala, condenado en primera instancia a quince años de prisión, podría beneficiarse si el Tribunal Superior decide aplicar un criterio similar.

Declaraciones del abogado de Ollanta Humala

Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Humala, afirmó en una entrevista con Exitosa que el fallo respecto al caso Cócteles establece un precedente importante. Este podría ser utilizado en la apelación en trámite del expresidente, dado que la naturaleza de los cargos es comparable.

Pedraza explicó que los cargos contra Humala corresponden a fondos recibidos en las campañas de 2006 y 2011, cuando el exmandatario no ocupaba cargos públicos. Según su análisis, la misma lógica jurídica del fallo del TC en el caso Fujimori puede aplicarse a su defendido, ya que los aportes privados a campañas anteriores a 2016, en que se modificó el Código Penal para incluir la receptación patrimonial, no pueden ser considerados delitos de lavado de activos sin pruebas concluyentes de conocimiento del origen ilícito.

Implicaciones jurídicas del fallo

El abogado Pedraza destacó que el Tribunal Constitucional estableció que, en estos casos, los aportes privados anteriores a la modificación legal del 2016 no deben ser sancionados como lavado de activos, siempre que no exista evidencia de que el destinatario conocía el origen ilícito de los fondos.

“Es probable que el juez, basándose en el marco establecido por la sentencia del TC, declare fundada la excepción de naturaleza de acción, lo que implicaría que la investigación no tiene relevancia penal y, por tanto, se procedería al archivo del caso”, afirmó Pedraza.

Estado actual del proceso judicial de Ollanta Humala

Actualmente, la sentencia de primera instancia contra Ollanta Humala sigue en apelación y será revisada por la Sala Superior. La defensa confía en que los fundamentos constitucionales recientes respalden la posición de que no existió conducta delictiva en la recepción de fondos para las campañas del Partido Nacionalista.

El abogado resaltó que, a diferencia de otros casos, las campañas de Humala en 2006 y 2011 son anteriores tanto a la tipificación específica en la legislación penal como al escándalo internacional de Odebrecht, que empezó a conocerse públicamente en 2015. “En este contexto, no hay involucramiento de recursos públicos ni contratos con el Estado”, puntualizó.

Perspectivas de expertos en derecho

El penalista Carlos Caro coincidió en que el caso de Humala es uno de los más claros en relación con el reciente fallo del TC. “La sentencia favorece claramente a Humala, ya que será revisada por el Tribunal Superior y en esa instancia se analizará el financiamiento de campañas con dinero de Odebrecht. Si no se ha probado la fuente ilícita, la investigación podría ser archivada”, explicó.

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El abogado penalista Carlos Caro añadió que, dado que la sentencia de Humala aún está en etapa de apelación, la revisión por parte del Tribunal Superior será determinante para definir si se mantiene la condena o si se archiva el caso, en función de los nuevos criterios constitucionales.