El Poder Judicial ha decidido ampliar en 24 meses el plazo de investigación preparatoria contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros implicados en el marco del caso Panama Papers. La decisión fue tomada tras declarar parcialmente fundada la solicitud de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que un plazo de dos años resulta “razonable” para completar las diligencias pendientes y emitir una resolución definitiva. La solicitud original de la Fiscalía contemplaba una prórroga de 36 meses, pero el magistrado valoró la complejidad del caso para reducir el período a dos años.

Entre las principales tareas pendientes se encuentran la culminación de una pericia contable y financiera que abarca desde 2010 hasta 2021, la toma de testimonios a dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales, además del requerimiento de asistencia judicial a Panamá y Estados Unidos. Asimismo, se evalúa si tres empresas serán formalmente incorporadas como “personas jurídicas” investigadas.

“Es imprescindible contar con las actuaciones relevantes como la pericia contable y financiera, que incluirá a las personas jurídicas en proceso de incorporación, además de declaraciones testimoniales nacionales y extranjeras, y la cooperación internacional en materia judicial, ya que estas empresas están domiciliadas fuera del Perú. Por ello, solo procede una prórroga de 24 meses para la investigación”, afirmó el juez Chávez Tamariz en la resolución.

Según la Fiscalía, entre 2010 y 2018 se habría operado una estructura destinada a ocultar y legitimar fondos de origen presuntamente ilícito mediante compañías offshore vinculadas a López Aliaga y al grupo empresarial ACRES. La fiscalía sostiene que los fondos investigados provendrían de contrataciones irregulares con la Caja Metropolitana de Lima, por montos que, en un análisis preliminar, superan el millón de soles solo en los años 2012 a 2014.

El Ministerio Público estima que el perjuicio total al Estado supera los S/ 37 millones, considerando diversos contratos cuestionados en el proceso.

Un aspecto central del proceso es el papel de varias empresas constituidas en Panamá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, utilizadas para transferir fondos, disimular el origen de los recursos y realizar contratos presuntamente simulados. Entre ellas se encuentra ACRES Investments International Ltd Inc, registrada en Panamá con López Aliaga como accionista.

La investigación también señala la participación del estudio Mossack Fonseca en la creación de estas estructuras offshore y el uso de directores testaferros para ocultar la identidad de los beneficiarios reales.

Además de Rafael López Aliaga, la investigación abarca a Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez. Según el expediente, Burmester habría participado en actividades relacionadas con la estructura ilícita.