Rafael Vela denuncia que fallo del TC busca proteger a Keiko Fujimori y Fuerza Popular

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, ha expresado duras críticas hacia la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso ‘Cócteles’, frenando la investigación y el juicio oral contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Según Vela, esta resolución “se arropa en argumentos de legalidad”, pero en realidad refleja un trasfondo político que busca garantizar la impunidad de la lideresa fujimorista.

En una entrevista con Exitosa, Vela afirmó que la decisión del TC contradice la actuación previa del sistema de justicia ordinaria, que ya había rechazado los recursos de la defensa de Fujimori en dos instancias antes de llegar a la justicia constitucional. El fiscal sostuvo que resulta “inadmisible” pensar que jueces especializados, tanto de la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado como de la Corte Suprema de Justicia, hayan fallado de manera incorrecta en todas las fases del proceso.

“Un sistema de justicia que se presume altamente especializado, como la Corte Penal Nacional de Crimen Organizado y la Corte Suprema, además de la justicia constitucional —que para llegar al Tribunal Constitucional, debe haber sido rechazado en dos instancias previas por el Poder Judicial— ¿tanto error han cometido esas instituciones?”, cuestionó Vela.

Para el fiscal, la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional pone en entredicho la separación de poderes y reaviva el debate sobre la posible politización de las instancias judiciales más altas del país. Vela advirtió que fallos de este tipo “debilitan la lucha contra la corrupción y el lavado de activos” y podrían sentar un precedente que complique futuras investigaciones por financiamiento ilícito de campañas electorales.

Los principales argumentos del Tribunal Constitucional para anular el caso ‘Cócteles’ —el proceso penal contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal relacionados con aportes de campaña— son los siguientes:

1. Vulneración del principio de legalidad penal: El TC determinó que los hechos imputados, especialmente la recepción de aportes privados a campañas electorales en 2011 y 2016, no estaban tipificados como delitos en la legislación vigente en esos años. La figura de “receptación patrimonial”, utilizada por la fiscalía para sustentar el cargo de lavado de activos, fue incorporada recién en noviembre de 2016. La aplicación retroactiva de esta figura contraviene el principio constitucional de legalidad.
2. Violación del derecho al plazo razonable: El proceso se extendió durante más de una década, sin que se definiera la situación jurídica de los acusados, afectando su derecho fundamental a ser juzgados en un tiempo razonable. El TC consideró que la duración excesiva y la incertidumbre generada sobrepasaron los límites tolerables.
3. Ausencia de sustento jurídico en la acusación: La resolución identificó que la acusación se sustentaba en hechos que, en su momento, no constituían delitos conforme a la ley. No puede continuar un proceso penal sobre bases que no tenían respaldo legal en ese período.
4. Imposibilidad de equiparar la finalidad política a un acto ilícito: El TC resaltó que el objetivo político de ganar elecciones no puede considerarse automáticamente como un acto ilícito, siempre que no exista una conducta delictiva específica que lo respalde.