Expertos analizan las leyes ‘PRO CRIMEN’ aprobadas por el Congreso y su impacto en la Generación Z

Análisis de expertos sobre las recientes reformas legislativas en el Congreso

En una entrevista con Exitosa, los abogados Juan José Quispe y Claudio Cajina analizaron el impacto de las nuevas normativas aprobadas por el Congreso, las cuales, según señalaron, restringen las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para actuar en casos de delitos graves.

Restricciones en la incautación de materiales explosivos

Quispe explicó que la suspensión de la incautación de materiales explosivos utilizados en actividades de minería ilegal representa un retroceso en los esfuerzos para combatir este delito.

«Para combatir la minería ilegal, la policía ya no podrá incautar esos materiales explosivos», advirtió, resaltando que esta medida «limita de manera significativa el trabajo fiscal y policial».

Eliminación de la detención preliminar y sus consecuencias

El abogado también alertó que la eliminación de la figura de la detención preliminar complica aún más el escenario judicial. «En ocasiones, la fiscalía encuentra indicios plausibles de un delito, pero no logra localizar a la persona. En esos casos, se solicita al juez una detención preliminar por siete o quince días. Con la nueva normativa, si no hay flagrancia, ya no será posible ordenar una detención preliminar, y esto es sumamente grave», subrayó.

Impacto en la seguridad y la justicia

Quispe precisó que esta restricción impide detener a sospechosos cuando la evidencia se presenta días después del crimen. «Si alguien comete un homicidio y el video aparece tres días después, ya no podrá ser detenido. Solo podrá enfrentarse a proceso en libertad, lo cual debilita la investigación y fomenta la impunidad», advirtió.

Opiniones de Claudio Cajina sobre las reformas legislativas

Por su parte, Claudio Cajina coincidió en que ambas modificaciones representan riesgos importantes. «Debilitar las medidas de intervención y control de maquinaria y explosivos facilita la expansión de la minería ilegal, un delito que impacta el medio ambiente, la economía y la sociedad», afirmó.

Cajina sostuvo que este tipo de delitos requiere «mayor severidad y no flexibilidad», ya que su crecimiento afecta directamente a comunidades enteras y al Estado. En ese sentido, advirtió que la decisión del Congreso «va en contra de la política de control y fiscalización que debería fortalecerse».

¿Es la eliminación total la solución?

El especialista agregó que no está en contra de regular la detención preliminar, pero cuestiona su eliminación total. «Es razonable limitar su abuso, pero eliminarla por completo deja sin herramientas a las fiscalías en casos de delitos complejos como crimen organizado, trata de personas, sicariato o extorsión», explicó.

Cajina propuso que la mejor opción sería regular la medida con criterios objetivos, aplicándola solo en delitos graves y bajo un control judicial reforzado. Esto permitiría evitar excesos sin debilitar la persecución penal.

Finalmente, el experto en leyes señaló que el Congreso confunde el control con la restricción al aprobar estas leyes, que actualmente son objeto de observación por parte de ciertos sectores de la población.