El aumento del gasto público en represión social durante el gobierno de Dina Boluarte

Un análisis del financiamiento a la represión y su relación con el autoritarismo

Conocer cuánto invierte un gobierno en financiar la represión a los opositores permite evaluar su grado de autoritarismo. Entre 2022 y 2025, el régimen de Dina Boluarte duplicó los fondos públicos destinados a subvencionar las operaciones policiales para controlar y sofocar las protestas sociales.

Aunque en el proyecto de presupuesto presentado para 2026 se redujo el monto, este sigue siendo un récord histórico. La gestión de Boluarte se caracterizó por un gobierno cada vez más autoritario, dispuesto a emplear recursos considerables para mantener el control social.

Incremento en el presupuesto para control social

En los años siguientes, el gasto en este concepto fue el siguiente:

• S/687,404,130 en 2023.
• S/715,696,634 en 2024.
• S/1,125,084,624 en 2025.

En total, entre 2022 y 2025, el presupuesto destinado a la represión social aumentó un 115.51%. Durante ese mismo período, las encuestas reflejaron niveles altísimos de desaprobación hacia Boluarte y el Congreso, que en el último informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) alcanzaba un rechazo conjunto del 93%.

Perspectivas para 2026 y posible continuidad del autoritarismo

Para el presupuesto de 2026, Boluarte propuso asignar S/756,000,000 a la misma categoría, lo que representa una reducción del 32.84% respecto a 2025. Sin embargo, si el Congreso aprueba esta cifra, el gasto en control social habría experimentado un crecimiento acumulado del 44.80% desde 2022.

Es probable que los legisladores incrementen la cifra propuesta por Boluarte, reforzando así la tendencia autoritaria del régimen. La designación de José Jerí Oré como nuevo jefe del Estado no ha modificado esta política, sino que parece ser solo una medida para mantener la apariencia de estabilidad hasta las próximas elecciones.

El financiamiento para la represión social continúa siendo una prioridad del gobierno, en contraste con la asignación para combatir la delincuencia, que ha recibido menos atención y recursos, a pesar del aumento en la violencia vinculada a la criminalidad.

Gasto en seguridad ciudadana y criminalidad

Pese a la expansión de la criminalidad, especialmente en relación con la minería ilegal, el presupuesto destinado a su combate fue menor en comparación con el gasto en represión social. La prioridad del gobierno parece estar en neutralizar a los opositores que en atender las crecientes amenazas del crimen organizado.

Gasto en seguridad ciudadana y criminalidad

Para el rubro “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, el presupuesto en 2022 fue de S/3,643,378,916, y fue aumentando en los años siguientes:

• S/3,888,796,696 en 2023.
• S/3,833,999,842 en 2024.
• S/4,205,449,127 en 2025.

Este incremento del 15.43% en el financiamiento para la seguridad ciudadana contrasta con el aumento del 115.51% en el gasto para reprimir protestas sociales, lo cual indica una priorización clara en la represión política sobre la protección de la seguridad pública.

Prioridades del régimen y reducción de minería ilegal

Otro aspecto relevante es la atención que el gobierno de Boluarte y el Congreso han dado a la minería ilegal, un problema vinculado estrechamente con el aumento de la criminalidad en el país.

Entre 2022 y 2025, el financiamiento destinado a combatir la minería ilegal también aumentó sistemáticamente, reflejando la creciente preocupación por esta problemática, aunque en menor medida que los recursos asignados a la represión social y la seguridad ciudadana.