El Poder Judicial desestima el intento de frenar el juicio

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra. La defensa buscaba anular el proceso judicial que lo acusa por presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El tribunal declaró infundado este recurso, rechazando así las pretensiones de la defensa. La resolución confirma que el proceso judicial continúa sin interrupciones, en una decisión que refuerza la validez del proceso en marcha.

Detalles de la audiencia y argumentos de la defensa

Durante la audiencia, la defensa de Vizcarra alegó vulneraciones al debido proceso y aplicabilidad del principio non bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, los magistrados consideraron que no existían fundamentos jurídicos sólidos para anular la etapa de juicio, rechazando así los argumentos del exmandatario para detener el proceso por cohecho pasivo propio.

Implicaciones del fallo y antecedentes del caso

El Ministerio Público acusa a Martín Vizcarra de haber recibido más de dos millones de soles en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA. La denuncia apunta a que, a cambio de estos pagos, favoreció a dichas empresas en las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante los años 2014 a 2016, cuando ejercía el cargo de gobernador regional.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de hasta 15 años de prisión en su contra. Con esta decisión, el Poder Judicial marca un revés para la estrategia de defensa del exjefe de Estado, quien enfrenta uno de los procesos más emblemáticos por presunta corrupción en su gestión pública. El juicio oral en su contra continuará en el sistema judicial anticorrupción.

La Corte Suprema ratifica la validez del proceso y descarta irregularidades

La Corte Suprema explicó que el recurso de casación presentado por la defensa de Martín Vizcarra carecía de sustento jurídico, ya que intentaba reabrir un debate que ya había sido resuelto en la fase intermedia del proceso penal. Para el juez César San Martín, la defensa buscó reabrir la discusión sobre la validez de la acusación fiscal tras la admisión del caso a juicio, lo cual vulnera los principios de preclusión y economía procesal establecidos en el Código Procesal Penal.

El fallo también señala que la defensa interpuso el pedido de nulidad tres meses después de que se dictara el auto de enjuiciamiento, emitido en julio de 2024. La demora y la forma en que fue presentado el recurso evidencian un uso indebido de la vía de casación, que está destinada a corregir errores en la interpretación del derecho, no para cuestionar decisiones procesales ya consentidas.

Además, los magistrados aclararon que, aunque existen procesos paralelos contra Vizcarra —uno por cohecho pasivo propio y otro por colusión simple— no corresponde al tribunal pronunciarse anticipadamente sobre una posible duplicidad de acusaciones. La controversia sobre este aspecto podrá ser evaluada en la sentencia o en una instancia superior si la defensa lo plantea formalmente.

En conclusión, la Corte Suprema reafirmó que el juicio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua debe continuar, siendo el sistema anticorrupción quien revisará el fondo de las imputaciones.