Piura registra un aumento de nueve veces en denuncias por extorsión en seis años

La reciente fuga de un interno del penal de Piura ha puesto nuevamente en evidencia las dificultades en la lucha contra el crimen en la región. Según datos recientes, el 61% de los habitantes de Piura se siente inseguro al caminar durante la noche. Este contexto se agrava por el aumento significativo en las denuncias por extorsión y actividades relacionadas con la minería ilegal. Además, la infraestructura de las comisarías y la gestión del presupuesto público enfrentan serios obstáculos.

Entre enero y septiembre de 2025, Piura registró un total de 928 denuncias de hechos delictivos por cada 100 mil habitantes. Aunque esta cifra está por debajo del promedio nacional (1,202) y representa una disminución del 27.1% en comparación con el mismo período de 2024, las denuncias por extorsión han experimentado un crecimiento alarmante.

Durante ese período, se reportaron 107 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a nueve veces más que en 2019. Esta cifra supera ampliamente el promedio nacional (60) y posiciona a Piura como la tercera región del norte con mayor tasa de extorsiones, por quinto año consecutivo, por detrás de Tumbes (162) y La Libertad (159).

Las provincias de Sullana, Talara y Piura son las que más han visto crecer las denuncias por extorsión. En Sullana, los casos aumentaron de 12 a 256 por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre de 2019 y el mismo período de 2025. Este incremento se da en un contexto de expansión de la minería ilegal. Hasta agosto de 2025, Sullana concentró más del 70% de las denuncias relacionadas con esta actividad, con un aumento de las denuncias a 8 por cada 100 mil habitantes, en comparación con 2020.

En Talara, las denuncias por extorsión pasaron de 25 a 173 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la provincia de Piura aumentaron de 16 a 107 en ese mismo período.

El avance del crimen y las economías ilegales requiere una respuesta rápida por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades locales. Sin embargo, la infraestructura policial en Piura presenta serios déficits. Según el Ministerio del Interior, a agosto de 2025, solo el 28% de las comisarías en la región está en buen estado, y aproximadamente el 60% no cuenta con servicios básicos adecuados.

Para mejorar la respuesta, es fundamental una asignación presupuestal eficiente. No obstante, en 2025, el presupuesto destinado a seguridad y orden público en Piura fue de S/101 millones, lo que representa una disminución del 29.6% en comparación con 2024. Además, al cierre del tercer trimestre de 2025, solo se había ejecutado el 60% de ese presupuesto, ligeramente por debajo del 62% del mismo período en 2024.

La sobrepoblación en los centros penitenciarios de Piura evidencia otro de los problemas estructurales. A julio de 2025, los penales albergan 4,837 internos, superando su capacidad en un 209%. Desde 2021, la sobrepoblación ha aumentado de un 145% a su nivel actual.

Para enfrentar el crecimiento del crimen, es necesario aprovechar mecanismos de colaboración público-privada, como el programa Obras por Impuestos (OxI). Un avance importante fue la ampliación del penal de Piura mediante OxI, lo que permitirá reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Esta experiencia debe replicarse en las comisarías, mejorando su equipamiento e infraestructura. Además, es prioritario reforzar la presencia policial en zonas vulnerables, donde las economías ilegales tienen mayor influencia, y potenciar la inteligencia para desarticular redes criminales.