Río de Janeiro en Caos: Operación Violenta con 121 Muertos y Control Criminal en Nueve Millones de Metros Cuadr

La operación policial más sangrienta en la historia de Río de Janeiro

Esta semana, Río de Janeiro, conocida mundialmente por su samba y carnaval, fue escenario de una de las acciones policiales más violentas en su historia. En las comunidades de Penha y Alemão, al menos 121 personas perdieron la vida durante un operativo contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa de la ciudad.

El llamado “Operativo Contención” movilizó a más de mil efectivos de la Policía Militar y se llevó a cabo en zonas donde residen aproximadamente 280.000 personas, bajo el control casi absoluto de las facciones del crimen organizado. Según el periodista Renato Souza, del diario Correio Braziliense, “antes del operativo, la vida transcurría con cierta normalidad, pero cada incursión policial genera paralización y temor entre los habitantes”.

La violencia y el control del crimen en las comunidades

El gobernador de Río reconoció que cerca de nueve millones de metros cuadrados del estado están bajo dominio de las bandas criminales. En esas áreas, las organizaciones no solo controlan el tráfico de drogas, sino que también gestionan servicios básicos como electricidad, gas e internet, que cobran de manera ilegal a los residentes. La situación refleja una frontera difusa entre el crimen y la autoridad estatal, que debilita la presencia del Estado en amplias zonas urbanas.

El poder de las organizaciones criminales y su expansión económica

El Comando Vermelho, con presencia en varias favelas, mantiene una red de extorsión a comerciantes y está vinculado al tráfico de armas provenientes de países como Paraguay y Bolivia. Por su parte, el Primer Comando de la Capital (PCC) ha ampliado su influencia económica mediante negocios legales, incluyendo gasolineras, refinerías y empresas de transporte. La Policía Federal, en la operación “Carbonoculto”, rastreó movimientos financieros por valor de 40 mil millones de reales relacionados con estos grupos.

Fuentes de la Policía Civil informaron que entre los 91 fusiles incautados, algunas armas provenían de los ejércitos de Venezuela, Argentina, Perú y Brasil. Según el delegado Vinicius Domingos, varias de estas armas muestran conexiones con facciones de otros estados brasileños, e incluso llevan inscripciones con apodos de narcotraficantes, referencias al Código Penal y a grupos del Nordeste y Norte del país, como la Família do Norte. Todas las armas serán sometidas a peritajes para determinar su origen preciso y, en caso de estar en buenas condiciones, podrían incorporarse a los arsenales policiales.

Impacto en la política y el debate social

Este operativo coincide con un período previo a las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil. La seguridad pública se ha convertido en uno de los temas principales en el debate político, con una probable disputa entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y las facciones del bolsonarismo. Mientras algunos promueven una política de mano dura, otros defienden los derechos humanos y cuestionan la violencia policial.

Las tensiones entre el Gobierno Federal y el estado de Río también se han evidenciado, tras la percepción de una falta de coordinación en la lucha contra el crimen. El gobernador busca mostrarse firme ante las bandas, mientras que el Ejecutivo nacional intenta distanciarse del operativo más sangriento de los últimos años.

Medidas legislativas y el persistente clima de inseguridad

Ante la alarmante situación, el presidente Lula aprobó una ley que aumenta las penas para quienes obstruyan investigaciones criminales y creó, junto con las autoridades de Río, una oficina conjunta de seguridad pública. La propuesta, que será enviada a la Cámara de Diputados con carácter de urgencia, contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes integren facciones criminales, además de fortalecer las herramientas de investigación y la capacidad de respuesta policial.

A pesar de estas iniciativas, las comunidades de Penha y Alemão continúan sumidas en el miedo. Las familias temen represalias y denuncian abusos policiales. Algunas fuentes indican que los fallecidos en el operativo podrían pertenecer al Comando Vermelho, aunque las investigaciones aún están en curso y entre las víctimas hay también policías. La violencia y la incertidumbre mantienen a las calles vacías y las escuelas cerradas, reflejando la sensación de abandono y vulnerabilidad en estas zonas.