Organizaciones indígenas exigen mayor presencia estatal ante el avance del crimen organizado en Yurúa

Denuncian el deterioro de la seguridad y la expansión del crimen organizado en Yurúa

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y ACONADIYSH alertaron sobre la grave situación de abandono y el aumento de actividades ilícitas que enfrentan las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, situado en la frontera con Brasil.

Las organizaciones advirtieron sobre la presencia de grupos armados transnacionales, así como la expansión de economías ilegales que amenazan la integridad de los pueblos amazónicos. Informes internos confirman que estructuras criminales internacionales, como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera, han cruzado desde Brasil hacia territorio peruano, aprovechando la falta de controles efectivos en los límites de Yurúa.

Esta situación ha facilitado la creación de rutas fluviales y pistas clandestinas para el tráfico de drogas, además de promover el reclutamiento forzado y el consumo de sustancias ilícitas entre adolescentes y jóvenes indígenas. La expansión de estas redes criminales también ha impulsado actividades ilegales como la tala indiscriminada de bosques y la explotación ilícita de recursos naturales, afectando la autonomía y gobernanza de las comunidades nativas, además de poner en riesgo a sus líderes y defensores territoriales.

Reactivación del puesto de control y creación de la Guardia Indígena Transfronteriza

En respuesta a esta crisis, AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH promovieron la restauración del puesto de control fronterizo en Hito 38 en Yurúa. Además, han establecido la base de la nueva Guardia Indígena Transfronteriza Perú – Brasil, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre comunidades de ambos países y establecer un sistema de control y vigilancia territorial indígena frente a la expansión de las economías ilegales.

El Apu Jamer López Agustín, presidente de ORAU, expresó: «La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto».

Las organizaciones recalcaron que estas acciones buscan restablecer la seguridad y el control territorial, y que el Estado debe respaldar y reconocer el esfuerzo de las comunidades frente al abandono histórico.

Las principales demandas de las organizaciones indígenas

Las organizaciones indígenas exigen cinco acciones prioritarias:

• Presencia policial permanente en la zona y articulación efectiva entre los Ministerios de Defensa e Interior.
• Protección específica para los defensores indígenas.
• Implementación de programas de desarrollo alternativo que fortalezcan la economía sostenible en las comunidades.
• Mejora de la infraestructura básica en Yurúa.
• Reconocimiento legal de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú-Brasil.

Las autoridades indígenas reiteraron su llamado urgente al presidente de la República, José Jerí Oré, solicitando que visite la zona y asuma de manera directa la atención integral a la crisis de seguridad y abandono estatal. Insisten en que se requieren acciones inmediatas y una coordinación de alto nivel para frenar la expansión de las mafias y restablecer el control legítimo y seguro sobre los territorios amazónicos compartidos en la frontera.

AIDESEP, ORAU y ACONADIYSH subrayan que la supervivencia física, cultural y social de los pueblos indígenas de Yurúa depende de una presencia estatal efectiva y del respeto pleno a sus derechos colectivos frente al avance del crimen organizado transfronterizo.