La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha decidido no acatar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba suspender y paralizar la Acción de Amparo presentada por el partido político Unidad Popular. Esta decisión se produce en medio de un proceso judicial que involucra al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y diferentes instancias del Poder Judicial, en torno a la participación del partido en las elecciones generales de 2026.

Contexto y antecedentes del caso

El 25 de julio pasado, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al JNE proceder con la inscripción inmediata de Unidad Popular en el registro de Partidos Políticos, así como habilitar su participación en las elecciones del 2026. Aunque el JNE inscribió formalmente al partido, representado por el ex juez supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, consideró que la inscripción ocurrió fuera del plazo establecido para participar en los comicios. En respuesta, el JNE apeló esa decisión ante instancias superiores.

Decisión del juez y recursos posteriores

El juez titular John Javier Paredes Salas ratificó en agosto su decisión y exigió al JNE, bajo responsabilidad, que en un plazo de dos días emitiera las resoluciones correspondientes para permitir la participación de Unidad Popular en las próximas elecciones. Sin embargo, en octubre, el JNE presentó una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional, alegando que los jueces estaban interfiriendo en el proceso electoral y que sus acciones vulneraban la autonomía del órgano electoral.

Intervención del Tribunal Constitucional

El TC admitió a trámite la demanda del JNE y, el 6 de octubre, dictó una medida cautelar que suspendía todas las resoluciones emitidas por el 10° Juzgado Constitucional de Lima hasta que se resolviera de fondo la controversia constitucional. La resolución fue enviada al tribunal superior para su cumplimiento.

En respuesta, los jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima, integrada por los magistrados Oswaldo Ordoñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, rechazaron la intromisión del TC en sus funciones y decidieron continuar con el proceso de amparo a favor de Unidad Popular. La decisión fue unánime y se fundamentó en la protección de la independencia judicial.

Argumentos del Poder Judicial

El Poder Judicial sostuvo que la sentencia del TC contradecía la ley y la Constitución, ya que contenía dos normas prohibitivas: por un lado, la proscripción de que los jueces se avocaran a causas pendientes; y, por otro, la prohibición de interferir en el ejercicio de la función judicial. Los magistrados explicaron que el avocamiento, que implica trasladar un caso de competencia del Poder Judicial a otra autoridad, está expresamente prohibido por el principio de independencia judicial, especialmente en asuntos aún no resueltos y en los que existe una sentencia definitiva pendiente.

Principio de independencia judicial y decisión final

El tribunal superior resaltó que el principio de independencia judicial impide cualquier intromisión en los casos que corresponden al Poder Judicial. Por ello, declararon improcedente el pedido de suspensión del proceso presentado por Unidad Popular, argumentando que la resolución del TC en el proceso cautelar no puede interferir en la tramitación del caso en curso.

En palabras de los jueces, la intervención del TC representa una vulneración a la autonomía del Poder Judicial y a la separación de poderes, principios fundamentales del Estado de Derecho.

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