Fuerza Popular propone ley que exime de responsabilidad a policías y militares en muertes durante protestas

Nuevo proyecto de ley en Perú busca inmunizar a policías y militares en protestas sociales

El grupo parlamentario Fuerza Popular ha presentado un proyecto de ley que pretende eximir de responsabilidad penal a policías y militares por muertes y lesiones ocurridas durante la represión de protestas sociales en el país. La iniciativa, impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi, modificaría el artículo 20 del Código Penal y otorgaría inmunidad a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA).

¿En qué consiste la propuesta?

El proyecto establece que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en cumplimiento de su función constitucional, defienda activos críticos nacionales, locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía o las FFAA, así como bienes jurídicos del Estado o privados, y en el ejercicio reglamentario de sus armas o medios de defensa cause lesiones o muerte, estará exento de responsabilidad penal. Esto incluye la protección de la vida e integridad física propia y de terceros durante acciones de resguardo y defensa.

El texto del proyecto cita específicamente: “Está exento de responsabilidad penal: […] 11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física propia o de terceros, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

Modificación al artículo 92 del Código Penal

El proyecto también propone modificar el artículo 92 del Código Penal para que no se exija reparación civil en los casos en que los efectivos queden eximidos bajo esta normativa. La nueva redacción indicaría que:

“La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito, que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento. No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal conforme a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 20.”

¿Qué otros aspectos contempla la iniciativa?

El proyecto establece jurisprudencia inmediata para los hechos ocurridos durante las manifestaciones registradas entre 2022 y 2023, período en el cual se reportaron enfrentamientos con un alto saldo de víctimas fatales y heridos, tanto entre manifestantes como en las fuerzas del orden. Además, introduce una Disposición Complementaria Transitoria que garantiza la aplicación retroactiva en favor de quienes hayan sido denunciados, procesados o condenados por hechos relacionados con su intervención en protestas.

Según el texto, la ley sería aplicable a miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que hayan sido investigados penalmente por acciones relacionadas con la defensa de activos críticos nacionales, locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o privados, en el contexto de las protestas ocurridas en 2022 y 2023. La disposición busca proteger a los agentes que actuaron en el marco de sus funciones durante episodios de violencia y enfrentamientos.

Contexto y justificación del proyecto

En la exposición de motivos, los congresistas justifican la iniciativa en el contexto de las violentas protestas que siguieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo Terrones y la asunción de Dina Boluarte como mandataria. Las protestas, que incluyeron ataques a infraestructura pública y privada, bloqueos de vías en varias regiones y agresiones a agentes de seguridad, dejaron al menos 48 civiles fallecidos, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se reportaron múltiples denuncias y procesos penales contra más de 280 policías y militares, en un escenario marcado por episodios de violencia y enfrentamientos que aún generan controversia en el país.