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Trabajadores con conexiones a Fuerza Popular en mitin de Keiko podrían enfrentar sanciones

Escrito por radioondapopular
noviembre 4, 2025
Trabajadores con conexiones a Fuerza Popular en mitin de Keiko podrían enfrentar sanciones






Investigación por uso no autorizado de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori



Investigan uso no autorizado de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Vínculos entre funcionarios y Fuerza Popular

El uso de una cámara del Congreso para grabar un acto de Keiko Fujimori ha puesto en evidencia la cercanía de algunos funcionarios relacionados con este escándalo con el partido de Fuerza Popular. Fuentes consultadas por La República confirmaron que el trabajador que renunció tras lo ocurrido es Daniel Luza, quien pertenecía a la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, liderada por Edwin Lévano Gamarra.

Relaciones y aportes políticos

Se ha establecido que tanto Lévano Gamarra como Luza mantienen vínculos comprobados con Fuerza Popular. Lévano Gamarra es un militante activo del partido, según el Registro de Organizaciones Políticas, mientras que Daniel Luza realizó aportes económicos a la organización fujimorista. En documentos oficiales, se indica que Luza aportó S/150 el 1 de marzo de 2023.

Reacciones y declaraciones

Asimismo, se conoció que Luza viajó a Trujillo acompañado de Marco Pacheco, asesor de la congresista Rosangella Barbarán. Al respecto, el congresista Ernesto Bustamante intentó deslindar responsabilidades del partido, afirmando en una entrevista a Canal N:

“Fuerza Popular no utilizó esa cámara; fue un uso no autorizado por parte de un trabajador. El señor Daniel Luza llevó la cámara a Trujillo para un evento privado del partido, sin que Fuerza Popular lo haya pedido ni autorizado.”

Por su parte, Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular, aseguró que el trabajador ha sido sometido a un proceso disciplinario y a una investigación del Consejo Administrativo. En conferencia de prensa, afirmó que Luza ha presentado su renuncia, pero que ello no exime de posibles sanciones. Además, adelantó que se buscará identificar otras responsabilidades relacionadas.

La congresista Patricia Juárez también se pronunció, señalando que si la cámara del Parlamento fue utilizada para grabar el mitin de Keiko Fujimori, esa acción habría sido una iniciativa del propio funcionario. No obstante, no descartó que el tema deba ser investigado en profundidad. “Deberíamos preguntarle si alguien le indicó que hiciera eso”, indicó.

¿Fuerza Popular enfrentaría sanciones?

A pesar de que se confirmó el uso de una cámara del Congreso en el mitin donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial, expertos en derecho electoral consideran que la organización política no sería sancionada automáticamente. Según el abogado José Naupari, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no tiene potestad sancionadora en este tipo de casos, salvo en situaciones de reincidencia o incumplimiento reiterado.

“El JNE solo sanciona en casos de reincidencia o falta de medidas correctivas. La primera instancia es la determinación de infracciones en procedimientos de propaganda o neutralidad, y solo en casos específicos se aplica una sanción”, explicó Naupari.

En cuanto al uso de la cámara en sí, el experto señaló que podría tratarse de una infracción al deber de notoriedad, que implica la obligación de dar a conocer ciertos actos. Sin embargo, aclaró que en este caso no se trataría de propaganda, sino de un bien concreto. Además, precisó que la responsabilidad recae principalmente en el funcionario que utilizó la cámara, y no en la organización política en su conjunto.

¿Se tomarán sanciones en el Congreso?

El Congreso anunció que el 31 de octubre se inició una investigación preliminar para determinar responsabilidades en este incidente. En un comunicado, recordaron que el uso de bienes públicos para actividades privadas está prohibido por la normativa vigente.

Al respecto, congresistas como Ruth Luque y Sigrid Bazán señalaron que la responsabilidad no recae únicamente en la persona involucrada, sino que implica una posible cadena de mando. Ruth Luque solicitó un informe legal al presidente del Congreso para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes.




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