Decisión del gobierno peruano y retiro de funcionarios diplomáticos

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Hugo de Zela, anunció que, debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, los funcionarios de la embajada mexicana en Perú deben abandonar el territorio nacional. De Zela aclaró que, en reciprocidad, los funcionarios peruanos en México también deberán salir del país.

Por otro lado, el canciller precisó que los cónsules peruanos en México permanecerán en sus funciones, ya que su labor está destinada principalmente a proteger y asistir a los peruanos en ese país, una tarea que consideran de alta importancia para el gobierno peruano.

Impacto en las relaciones bilaterales

Hugo de Zela reconoció que esta decisión tendrá consecuencias negativas en las relaciones entre ambos países. «La relación normal entre naciones implica la existencia de embajadas que desarrollan actividades en diversos ámbitos, como el político, económico y comercial. Lamentablemente, todo esto se verá afectado», afirmó en una entrevista con Canal N.

El canciller explicó que esta medida responde a la postura adoptada por el gobierno mexicano, que otorgó asilo diplomático a la exministra Betssy Chávez, quien está siendo investigada por presunta rebelión tras el fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

¿Quién es Betssy Chávez?

Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo y actualmente investigada por presunta rebelión, fue la figura central en la decisión que llevó a la ruptura entre Perú y México. La gestión del gobierno mexicano, encabezada por Claudia Sheinbaum, le concedió asilo diplomático, lo que Perú considera una acción que afecta su soberanía.

Evaluación del Perú para emitir un salvoconducto

Hugo de Zela anunció que el gobierno peruano está considerando la posibilidad de otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez. Esta medida permitiría su salida del país, en respuesta a la solicitud formal de las autoridades mexicanas.

El canciller explicó que la revisión del caso se realiza conforme a los estándares de la Convención sobre Asilo Diplomático, que regula las obligaciones de los Estados en casos de protección consular y diplomática. Perú ha solicitado un análisis jurídico detallado para determinar la aplicación del tratado antes de adoptar una decisión definitiva.

Consideraciones finales y acusaciones

De Zela puntualizó que la calificación del delito por el cual se investiga a Chávez —si de carácter político o común— corresponde únicamente al Estado asilante, en este caso, México. Este país ya comunicó oficialmente su decisión y solicitó el salvoconducto correspondiente.

Respecto a las acusaciones de persecución política, el canciller negó rotundamente que los procesos judiciales contra Chávez o Pedro Castillo tengan motivaciones políticas. Afirmó que ambos enfrentan procedimientos respetando el debido proceso y bajo supervisión de veedores internacionales, y que el Estado peruano actúa en estricto cumplimiento de la ley.

Finalmente, criticó la intervención de México en los asuntos internos peruanos, calificándola como una intromisión política motivada, en su opinión, por cuestiones ideológicas.