¡Trabajadora de 65 años recibe 4 millones por fraude y le arruinan la vida en España!

Una mujer de 65 años pierde su prestación por fraude tras ser despedida en España

El pasado 5 de noviembre de 2025, a las 18:10 horas, se conoció un caso que vuelve a poner en debate la legalidad y las consecuencias del fraude en los beneficios por desempleo en España. Una trabajadora de 65 años, que durante más de dos décadas se dedicó a labores de limpieza en una empresa de Cataluña, fue despedida disciplinariamente por su acumulación de ausencias injustificadas. Pese a ello, durante meses recibió una prestación por desempleo que superó los 4.000 euros, equivalentes a más de 4,3 millones de pesos chilenos, antes de que las autoridades descubrieran el fraude.

El contexto laboral y el incumplimiento del convenio colectivo

La mujer había estado empleada en el sector de limpieza desde hacía más de 20 años. Su contrato se regía por el convenio colectivo de limpieza en edificios y locales de Cataluña, que establece un límite de seis ausencias injustificadas en un período de cuatro meses. Sin embargo, en enero de 2021, la empleada no acudió durante varios días seguidos, lo que llevó a su despido disciplinario por parte de su empleador. La mujer, tras perder su trabajo, accedió en febrero a la prestación por desempleo, sin que inicialmente se detectara irregularidad alguna.

La situación cambió cuando la Inspección del Trabajo y Seguridad Social de Cataluña detectó patrones de ausencias que, sumados, superaban los límites permitidos por la normativa laboral. La autoridad inició una investigación y notificó al Servicio Público de Empleo Estatal sobre un posible fraude, ya que la mujer había recibido beneficios sin cumplir con los requisitos legales.

La acusación y las implicaciones legales

Las autoridades determinaron que la trabajadora había buscado intencionalmente su despido mediante incumplimientos reiterados, en lo que se considera un acto doloso para acceder a la prestación. La investigación concluyó que la mujer había provocado su propio despido de manera deliberada, con el fin de obtener beneficios económicos ilegales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respaldó esta conclusión, señalando que la actitud de la empleada reflejaba una clara intención de no trabajar. Como resultado, aunque fue despedida, no cumplía con los requisitos necesarios para seguir recibiendo la ayuda por desempleo, ya que su despido había sido provocado por su propia conducta.

Este caso ejemplifica la importancia de cumplir con las normativas laborales y la vigilancia que ejercen las instituciones españolas para prevenir fraudes en los beneficios sociales. Además, pone en evidencia las consecuencias legales de intentar obtener beneficios de manera fraudulenta, incluso en situaciones donde parecía tener la ventaja.

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