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Fiscalía solicita ampliar a 36 meses investigación contra esposa de Pedro Castillo en caso Anguía

Escrito por radioondapopular

noviembre 6, 2025

Fiscalía solicita ampliar a 36 meses investigación contra esposa de Pedro Castillo en caso Anguía

Investigación contra Lilia Paredes se amplía a 36 meses

Lilia Paredes, quien se encuentra asilada en México desde diciembre de 2022, es investigada por presuntamente formar parte de una organización criminal. La investigación también involucra a sus hermanos Yenifer, Walter y David, así como al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina.

La Fiscalía, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, solicitó al Poder Judicial ampliar en 36 meses el plazo de investigación preparatoria en el caso que se sigue contra Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes. La acusación apunta a la presunta participación de la ex primera dama en una organización criminal.

Audiencia programada para evaluar la ampliación

La solicitud del Ministerio Público también comprende a los hermanos de la ex primera dama, Yenifer, Walter y David, así como al exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros implicados en el marco de las investigaciones por el caso Anguía.

La jueza Lorena Sandoval Huertas ha programado para el martes 25 de noviembre a las 9:00 a.m. una audiencia virtual para analizar la petición. En dicha sesión, las partes procesales presentarán sus argumentos y posteriormente se comunicará la resolución de la magistrada.

Contexto y antecedentes

Desde diciembre de 2022, la ex primera dama se encuentra asilada en México, tras el intento de golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo. La investigación en su contra se centra en la posible participación en actividades ilícitas vinculadas a su entorno cercano.

El caso y las acusaciones

Según la Fiscalía, Lilia Paredes y otros implicados habrían conformado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo.

La hipótesis fiscal sostiene que dicha organización delictiva favorecía a empresas fachada mediante licitaciones fraudulentas. Estas empresas, que no cumplían con los requisitos legales, habrían obtenido contratos millonarios a través de pagos ilícitos, beneficiando a ciertos actores políticos y empresariales.

Las operaciones ilícitas se habrían desarrollado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima, afectando procesos de contratación pública en esas zonas.