¡Revelado! Exasesor de Wilfredo Oscorima asume el mando en Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior de Perú ha realizado un movimiento estratégico en su estructura de seguridad pública. A través de la Resolución Ministerial N° 734-2025-IN, firmada el 21 de octubre por el ministro Vicente Tiburcio Orbezo, se oficializó la designación de Richar Agustín Cano Pérez como nuevo director general de Orden Público del Viceministerio de Orden Interno. Este cargo, que depende directamente del viceministerio, tiene la responsabilidad de formular y supervisar las políticas nacionales relacionadas con el orden público, coordinar acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) y planificar la respuesta ante protestas y conflictos sociales.

Este nombramiento llega en un contexto en el que la seguridad y la gestión de las movilizaciones sociales en el país son temas de alta prioridad y controversia. La función del director de Orden Público es crucial en la coordinación de operativos policiales durante manifestaciones, así como en la planificación de estrategias para prevenir y gestionar la violencia social.

Cano Pérez, quien tiene un sólido perfil académico y policial, desarrolló gran parte de su carrera en la Policía Nacional, ocupando cargos como director de Criminalística y formando parte de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor-PNP), especializada en investigar delitos cometidos por funcionarios públicos. Según registros de la SUNEDU, es licenciado y maestro en Administración y Ciencias Policiales, además de doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), con diploma obtenido en agosto de 2024.

Su paso por el sector público también incluye su trabajo en el Gobierno Regional de Ayacucho, donde fue asesor y participó en tareas relacionadas con obras públicas y articulación interinstitucional, aunque no específicamente en temas de seguridad. En ese contexto, su vínculo con Wilfredo Oscorima Núñez, expresidente regional condenado por corrupción en 2015 y posteriormente rehabilitado, ha sido objeto de atención. Oscorima, quien ha tenido múltiples administraciones marcadas por cuestionamientos, fue uno de los protagonistas en la política regional y se le relaciona con casos de irregularidades en obras y gestión pública.

A pesar de su experiencia, las cifras oficiales indican que la región de Ayacucho enfrenta altos niveles de inseguridad. En 2024, casi un 30 % de la población fue víctima de delitos, y las denuncias policiales aumentaron en un 64,6 % desde 2019, con un incremento notable en extorsiones. En septiembre de 2025, los reportes oficiales registraron más de 10,500 denuncias, lo que refleja una realidad de inseguridad que sigue en aumento.

El 13 de octubre, el gobierno regional anunció la salida de Cano de su cargo, en medio de un clima de tensión política. Sin embargo, días después, fue nombrado en su nuevo puesto en el Ministerio del Interior, en una sede que ha estado en el centro de controversias, especialmente tras incidentes violentos durante protestas, donde hubo víctimas fatales y heridos.

Este movimiento en la carrera de Cano Pérez evidencia la complejidad del escenario político y de seguridad en Perú, donde la gestión de las movilizaciones sociales y la lucha contra la corrupción siguen siendo desafíos pendientes para las autoridades.