El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que tiene en marcha diferentes alternativas para aplicar los aranceles comerciales, en caso de que la Corte Suprema falle en contra de su principal política económica. La declaración se produce tras una audiencia en la que los magistrados expresaron dudas sobre la legalidad de dichas tarifas.

Durante la audiencia, los jueces manifestaron incertidumbre acerca de si la imposición de aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) fue legal. El mandatario advirtió que un fallo adverso “sería devastador para nuestro país”, aunque aseguró que está considerando nuevas opciones para mantener la política comercial.

“Podemos hacer otras cosas, pero son más lentas en comparación”, puntualizó Trump, destacando que las alternativas podrían tener un proceso más largo en su implementación.

Defensa de la política arancelaria

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió esta política en una publicación en redes sociales. Bessent aseguró que el objetivo es revertir años de prácticas comerciales perjudiciales para la economía estadounidense.

“El fin no es solo recaudar impuestos, sino recuperar la industria manufacturera y corregir los desequilibrios y barreras con nuestros socios”, afirmó Bessent. Además, remarcó que la recaudación no es el principal propósito, sino que la medida busca fortalecer la producción y el empleo interno.

El funcionario agregó que, a medida que el comercio se equilibre, la industria nacional debería ir reemplazando progresivamente a los productos importados.

La evaluación legal por parte de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos debe decidir si Trump actuó dentro de la legalidad al imponer aranceles utilizando la IEEPA, una ley que otorga facultades al presidente para actuar en situaciones consideradas emergencia nacional.

Durante la audiencia, los jueces expresaron dudas acerca de si corresponde al poder ejecutivo o al Congreso definir estas tarifas, y señalaron que su propósito debería ser regulatorio más que recaudatorio. Se espera que el fallo definitivo se conozca a finales de junio, al cierre del actual periodo judicial.

Los cuestionamientos a los argumentos del gobierno respecto a la legalidad de los aranceles bajo la IEEPA han aumentado las expectativas de que la Corte podría anular la política emblemática de Trump.

Analistas como Damon Pike, de BDO USA, consideran que “según las preguntas realizadas por los jueces, las tarifas bajo la IEEPA parecen estar en riesgo”, ya que muchos magistrados muestran escepticismo sobre si la ley otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de forma ilimitada a productos de cualquier país.

Expertos en comercio, abogados y empresas anticipan que, en caso de que la Casa Blanca reciba un revés judicial, podría recurrir a otras leyes comerciales para mantener alguna forma de protección o represalias, lo que generaría nuevas incertidumbres en el comercio exterior estadounidense.

La perspectiva de un entorno legal inestable preocupa a ejecutivos y empresas, especialmente tras la tregua comercial temporal entre EE. UU. y China. La falta de claridad complica la planificación de inversiones.

El director de The Conference Board, David Young, advierte que “la incertidumbre persiste y los directores ejecutivos siguen en una posición precaria respecto al futuro económico del país”.

Reembolsos y posibles complicaciones administrativas

Otro tema central es la devolución de los más de 100.000 millones de dólares en aranceles pagados por empresas bajo la IEEPA. Algunos jueces, como Amy Coney Barrett, cuestionaron la viabilidad administrativa de realizar reembolsos masivos, calificando el proceso como un “posible caos”.

El abogado Neal Katyal, representante de las empresas demandantes, explicó que solo cinco pequeñas empresas recibirían reembolsos automáticos si la Corte dictamina a su favor, lo que evidencia la complejidad y las limitaciones de cualquier posible devolución.

La decisión que tome la Corte Suprema tendrá un impacto decisivo en la política comercial de Estados Unidos y en la estabilidad del entorno legal que rige las tarifas y aranceles. Mientras tanto, el gobierno continúa explorando opciones para mantener su postura en un escenario de incertidumbre jurídica y económica.