¡Escándalo en Lima y Callao! Fiscalía revela 56 conductores asesinados y 30,000 denuncias de extorsión en una ola de violencia y criminalidad

Durante 2025, las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público revelan una alarmante escalada en los asesinatos y extorsiones que afectan especialmente al sector transporte en Lima Metropolitana y el Callao. Desde enero hasta la primera semana de noviembre, se han reportado 56 homicidios de conductores, la mayoría de los cuales fueron perpetrados por sicarios en motocicleta, un patrón criminal que se ha consolidado como la modalidad más frecuente para eliminar a transportistas en zonas urbanas.

Este tipo de ataques representa aproximadamente el 80% de los homicidios en el sector, caracterizados por interceptaciones rápidas desde motocicletas y disparos a corta distancia, muchas veces sin advertencias previas. La tendencia al alza de estos crímenes coincide con un aumento sustancial de denuncias por extorsión, que gravitan en torno a la inseguridad en el país. Entre enero y octubre de 2025, se registraron más de 23,200 casos, un incremento del 27,4% respecto al mismo período del año anterior. Las regiones más afectadas son Lima Metropolitana y el Callao, con aumentos de casi la mitad en las denuncias, además de otras zonas del país como Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

El mes de septiembre fue particularmente violento, con 31 homicidios, la cifra mensual más alta en lo que va del año, seguida por octubre con 18 casos y una víctima adicional en noviembre. La creciente violencia se desarrolla en un contexto de extorsiones en aumento, que afectan principalmente al transporte público y a los conductores de carga, quienes enfrentan demandas que alcanzan hasta S/15,000 por unidad de transporte. La situación ha deteriorado la seguridad en diversas zonas, incluyendo distritos como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

A pesar de la gravedad, el sistema de justicia no logra responder eficazmente. Solo una pequeña fracción de los extorsionadores, menos del 4%, termina en prisión, y la impunidad es una constante. Entre enero de 2022 y octubre de 2025, se denunciaron más de 84,500 casos, pero apenas 363 personas han sido encarceladas por estos delitos. Expertos en seguridad, como Stefano Corzo, advierten que las medidas de emergencia solo generan soluciones temporales y que se requiere una estrategia integral, que incluya inteligencia territorial y fortalecimiento del sistema judicial.

La situación evidencia la fragilidad del estado frente a las organizaciones criminales que operan en las calles y en las cárceles. La falta de una política penitenciaria efectiva permite que cabecillas sigan liderando bandas desde las prisiones, perpetuando el ciclo delictivo. La necesidad de un enfoque a largo plazo y de recursos adecuados para la lucha contra la delincuencia es cada vez más urgente, según analistas y exfuncionarios del sector.

En el ámbito regional, la denuncia por extorsión se presenta en promedio cada 20 minutos en todo el país, con mayor incidencia en La Libertad y distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador. Las organizaciones criminales demandan altas sumas, lo que hace vulnerable al sector transporte y aumenta la percepción de inseguridad en las comunidades.

La problemática de la inseguridad en Perú requiere una atención prioritaria y coordinada, con acciones que vayan más allá de las respuestas inmediatas, para garantizar la protección de los ciudadanos y la recuperación de la confianza en las instituciones.