El asilo en la residencia de la embajada de México reaviva el debate legal

El asilo otorgado a Betssy Chávez, exministra del expresidente Pedro Castillo, en la residencia de la embajadora de México en Lima, ha generado un intenso debate sobre la obligación de emitir un salvoconducto que permita su salida del país. El internacionalista Francisco Belaúnde afirmó que, conforme a la Convención de Caracas, corresponde conceder dicho permiso, independientemente de las dudas sobre la legitimidad del asilo.

Belaúnde explicó que, según la normativa internacional vigente, “se debe otorgar el salvoconducto más allá de lo que se piense sobre cómo se concedió el asilo”. Además, resaltó que el trámite “debe realizarse de manera inmediata”, tal como establece la convención que regula estos procedimientos. Este análisis surge tras la solicitud formal de México, que pidió garantías para trasladar a Chávez, tras aceptar su petición de protección internacional.

Respuesta de las autoridades peruanas y cuestionamientos

Belaúnde criticó la respuesta de las autoridades peruanas ante la petición mexicana, calificándola como una forma de “postergar el asunto” mediante distintas interpretaciones del acuerdo internacional. “El gobierno ha insistido en una interpretación del documento oficial que ha retrasado la decisión sobre el otorgamiento del salvoconducto”, señaló.

Contexto judicial y político de Betssy Chávez

El especialista también abordó el contexto judicial, señalando que México ha concedido asilo a una persona que, en su opinión, es cómplice de un intento de golpe de Estado. Destacó que “el Tribunal Constitucional la ha liberado. Entonces, ¿cómo puede decirse que ella es víctima de una persecución por parte del Estado peruano, si un órgano del Estado, como el Tribunal Constitucional, la ha exonerado? No hay ninguna justificación para retenerla”.

La situación de Chávez ha provocado un debate legal y político en Perú. Mientras algunos sectores defienden que el procedimiento debe seguir las normativas internacionales, otros cuestionan las circunstancias en las que se solicitó el asilo y las decisiones judiciales que han influido en su situación.

Situación actual y gestiones diplomáticas

El caso se encuentra bajo observación tanto en el ámbito diplomático como en el judicial. Perú y México continúan negociando sobre el otorgamiento del salvoconducto y los alcances de la protección internacional solicitada por Chávez.

Decisión del gobierno peruano y propuesta de reforma

El gobierno peruano, dirigido por José Jerí, decidió posponer la entrega del salvoconducto a Chávez, quien permanece en la Embajada de México a la espera de poder abandonar el país. Esto se debe a la existencia de un nuevo pedido de prisión preventiva en su contra, presentado por el Poder Judicial.

En respuesta, la Cancillería anunció que presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954. La iniciativa busca limitar la concesión del asilo únicamente a perseguidos políticos, excluyendo a quienes estén bajo investigación por delitos comunes.

Expertos advierten que, aunque la OEA apruebe esta modificación, no afectaría el caso de Chávez, ya que la Convención de Caracas opera bajo el principio de irretroactividad. Es decir, los cambios no aplicarían a procesos ya en marcha, como el de la exministra.

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, explicó que la propuesta peruana busca aportar al debate internacional sobre el uso del asilo diplomático. Sin embargo, reiteró que la situación de Chávez dependerá del marco legal vigente y de la decisión final del Poder Judicial.

Por ahora, la situación de Chávez permanece en un estado de incertidumbre, sin acciones legales que puedan forzar su salida de la embajada. Mientras tanto, la sede diplomática mexicana en Lima transita hacia una administración temporal a cargo de un tercer Estado.